En las pantallas del salón de sesiones del Senado se proyectó ayer un video que refleja el deplorable nivel de las ministras María Estela Ríos y Lenia Batres Guadarrama.
Era una “moción de ilustración” que solicitó la senadora del PRI, Carolina Viggiano, en el debate sobre el aplazamiento de la elección de jueces y magistrados, de 2027 a 2028.
La moción arrancó ilustrando una de las confusiones que la ministra Ríos, consejera jurídica de la Presidencia en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, ha tenido en las sesiones del pleno de la Corte.
La citada ministra se manifestó “en contra de todo”, cuando en realidad apoyaba la invalidez del proyecto que se iba a votar.
El presidente Hugo Aguilar tuvo que aclarar su posicionamiento ante el pleno. “Es cuestión de palabras”, dijo.
Otra pifia de la ministra Ríos ocurrió cuando manifestó que quien haya nacido in vitro, “podríamos estimar que no forma parte de la familia”.
Causó indignación y se volvió viral.
Con Batres ha ocurrido en más de una ocasión: vota a favor, luego en contra o viceversa, pidiendo tiempo para revisar.
Ella es la única ministra que llegó por “dedazo” de López Obrador a la SCJN.
* Apenas terminó el video, Viggiano retomó la palabra en tribuna. Dijo una verdad que no necesita ser comprobada:
“El pueblo no es tonto. Solamente si lo fuera, habría elegido estos ministros. Los eligió Morena, por eso tenemos esa calidad de ministros”, aseveró.
Y adelantó que la bancada tricolor —como la del PAN—votará en contra de la reforma a la reforma diseñada, dijo, para seguirse apropiando de las candidaturas.
“Sólo les falta poner con toda claridad : 90% de lealtad y 10% de capacidad”, remató.
* La Comisión Permanente avaló ayer la celebración de un periodo extraordinario, el 26 de mayo, para discutir el cambio de fecha de la elección judicial que, según la oposición, completa la captura del Poder Judicial y su desaparición como contrapeso de los otros Poderes.
El oficialismo, sin embargo, considera que la reforma judicial que se viene “profundiza y perfecciona” la que se aprobó el 31 de diciembre de 2024.
La primera reforma, la de los acordeones y la participación de sólo 13% de los ciudadanos, aprobó elegir por primera vez en urna a los ministros, y a la mitad de jueces y magistrados.
La otra mitad serán electos el primer domingo de junio de 2028, de acuerdo a la iniciativa que se discutirá y aprobará con la mayoría calificada artificial del oficialismo, en el extraordinario.
La reforma de la reforma fortalece la operación de los comités de evaluación, mediante una Comisión Coordinadora Nacional que, seguramente, será integrada por gente identificada con Morena, como ya ocurrió
Reduce a dos el número de candidaturas por cargo a elegir, garantiza la paridad de género y fortalece la capacitación permanente de las personas juzgadoras, de acuerdo con la presentación de la iniciativa que hizo la diputada morenista, Yoloczin Domínguez Serna.
“Es evidente que la reforma judicial necesita cirugía mayor… Era una reforma hecha al vapor, sobre las rodillas… Pero lo que están haciendo es un proceso de captura política de uno de los Poderes”, dijo el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano.
* En el extraordinario quedaron agendadas otras tres iniciativas, dos de las cuales ni siquiera fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Desaseo total.
Una es para incorporar la causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera —el fantasma de la injerencia de Estados Unidos—, de la que habla el discurso del oficialismo para tapar lo de Rocha Moya.
“En el contexto actual y las experiencias recientes en América Latina, considero pertinente establecer como una causal de nulidad adicional la consistente en que se acredite intervención extranjera alguna”, justifica el diputado Ricardo Monreal, autor de la iniciativa.
La otra también es de Monreal. Es para modificar diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativas a las causales de nulidad de votación.
La cuarta es para la integridad de las candidaturas. La presidenta Sheinbaum la envió al Congreso.
Tiene como objetivo establecer mecanismos para revisar y blindar las candidaturas de partidos políticos, evitando la infiltración de personas vinculadas al crimen organizado.