Ningún partido político debe ser “paraguas” para delinquir “y menos Morena”, dijo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, al referirse a la captura del alcalde guinda de Tequila, Jalisco, Diego “N”, presunto extorsionador al servicio del CJNG.
Éste, sin embargo, no es un caso aislado de morenistas involucrados con el crimen organizado. Hay una lista de presuntos narcopolíticos guindas, de alto perfil, que han sido involucrados en hechos delictivos y que, hoy por hoy, andan como Pedro por su casa.
“Protección selectiva”, la llaman opositores.
Hablamos de los gobernadores Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. Ambos tienen querellas en las cortes de Nueva York y Texas. Pero también del michoacano Alfredo Ramírez Bedolla, involucrado en presuntas intervenciones del crimen organizado en elecciones.
El fantasma de Hernán Bermúdez Requena y La Barredora persigue al senador Adán Augusto López Hernández. La Presidenta, sin embargo, reveló que no hay ninguna investigación en la FGR en contra del excoordinador de los senadores de Morena.
Medios como El País o Infobae afirman que el gobierno de Estados Unidos le ha quitado la vista por lo menos a 50 funcionarios mexicanos, por supuestos vínculos con criminales.
* En la Cámara de Diputados también hay una peluquería estética abierta al público. Tiene 30 años. La puso el PRI y nunca ha sido motivo de polémica como el salón de belleza en el Senado.
Ricardo Monreal, mero, mero de la bancada de Morena en San Lázaro, reconoce que allí se corta el pelo “a veces”. Le cuesta 300 pesos, más 50 pesos de propina.
Está abierto no sólo a los diputados y diputadas, sino también al público en general, personal administrativo, y asistentes. “He visto allí hasta periodistas”, asegura el legislador de Zacatecas
* El golpe más severo que ha sufrido la democracia mexicana es el robo de la mayoría calificada en el Congreso, gracias a la complicidad de los órganos electorales: INE y TEPJF.
No hay manera de justificar que la coalición oficialista (Morena-PT-Verde) tenga 73% de las curules en la Cámara de Diputados (mayoría calificada), cuando sólo obtuvo 54% de los sufragios. Eso se llama, aquí y en China, sobrerrepresentación.
En la Cámara alta tampoco alcanzaron los dos tercios de los escaños. Les faltaron tres senadores. Chantajes, presiones y prebendas llevaron a Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN; Aracely Saucedo y José Sabino Herrera, del PRD, a pasarse a Morena.
Para modificar la Constitución se necesita una mayoría calificada en el Congreso. El atraco avalado hizo posible que se destruyera el Poder Judicial –único contrapeso en la época de Andrés Manuel López Obrador— para instalar uno a modo, vía la elección de jueces, magistrados y ministros “del acordeón”.
La eliminación de los órganos electorales, Inai incluido; la militarización de la Guardia Nacional, también derivan, entre otras reformas, de esa mayoría espuria. Y ya se anuncia la reforma electoral.
Todo esto para decirles que el martes próximo, en San Lázaro, será presentado el libro Entre la Constitución y la campaña mediática, coordinado por el magistrado del TEPJF, Felipe de la Mata. El escrito trata de justificar la sobrerrepresentación en el Senado y la Cámara de Diputados.
Cito un párrafo: “La presente obra colectiva tiene por objetivo dar respuesta a estas interrogantes desde diferentes perspectivas, con el propósito de contrarrestar la narrativa que se gestó desde cierto grupo académico y mediático, y que generó una fuerte reacción (backlash) a las determinaciones de las autoridades electorales, en un ambiente de alta polarización”.
Ahí se la dejo.
* Es cierto que Cuba necesita urgentemente ayuda humanitaria. En medio de la crisis, el régimen de Miguel Díaz-Canel anuncia más restricciones para 89% de la población que vive en extrema pobreza, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
La presidenta Sheinbaum, sin embargo, debería reflexionar si la solidaridad de México con la isla no es oxígeno para un régimen dictatorial que ha asfixiado uno de los valores más preciados que puede tener un ser humano: la libertad.
El OCDH, con sede en Madrid, acusa un repunte de la “represión en la isla tras la captura de Nicolás Maduro.
En su último reporte dice que durante enero se produjeron en Cuba al menos 390 acciones represivas contra la población civil, entre ellas 42 detenciones arbitrarias y 348 abusos del régimen.
A cambio de la ayuda, México debería exigir una amnistía para los presos políticos en Cuba. ¿O no, Presidenta?
