¿También pedirán la renuncia de Eruviel?
La palabra “enfrentamiento” que otrora utilizaba Raúl Plascencia para explicar la matanza de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, desapareció parcialmente de su vocabulario. Un día antes de que el Senado cierre el registro de aspirantes a encabezar la CNDH en ...
La palabra “enfrentamiento” que otrora utilizaba Raúl Plascencia para explicar la matanza de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, desapareció parcialmente de su vocabulario.
Un día antes de que el Senado cierre el registro de aspirantes a encabezar la CNDH en los próximos cinco años, el mensaje del ombudsman cambió radicalmente y nos colocó, otra vez, en la terca realidad.
De repente se acordó que es defensor de los derechos humanos y actuó como tal.
Plascencia reveló que 15 de los 22 muertos, supuestamente delincuentes, encontrados en una bodega de ese municipio mexiquense, fueron ejecutados en forma sumaria por elementos del Ejército.
Las otras siete personas sí habrían muerto en un enfrentamiento.
La nueva historia de horror que ayer dio a conocer el ombudsman, a partir de una investigación de la CNDH, precisa que 12 de los 15 ejecutados estaban desarmados.
Los tres restantes se encontraban inertes. Tres eran menores de edad. Dos de 17 años y una de 15, según la última versión de Plascencia.
Ocho militares están involucrados en las ejecuciones.
Pero hay más. No sólo la escena del crimen fue alterada. El ombudsman acusó a la Procuraduría de Justicia del Edomex de haber obstaculizado la entrega de imágenes para la investigación de la CNDH.
Fueron necesarios cuarto meses para que la Comisión emitiera recomendaciones a la Sedena y al gobierno del Estado de México, que en su momento aplaudió la sangrienta operación.
El priista Eruviel Ávila, mandamás en ese estado, hasta agradeció públicamente a los militares involucrados por su “acción decidida y contundente” y por la “valentía” mostrada en Tlatlaya (ver Animal Político).
Una pregunta a los senadores: ¿también van a pedir la renuncia de Eruviel o de su procurador, Alejandro Gómez?
- Pasamos ayer casi todo el día en el Senado. Sabíamos que la solicitud del PAN de desaparición de poderes en Guerrero no iba a prosperar, pero esperábamos un fuerte debate entre las distintas fracciones parlamentarias.
El tema fue el último de la agenda. Los legisladores ya estaban cansados y hambrientos. Se aplazó hasta el jueves próximo.
No hace falta ser muy suspicaz para deducir que no se dan las causales requeridas para hacer una declaratoria de desaparición de Poderes en Guerrero.
Los Poderes Legislativo y Judicial funcionan en Guerrero como en todo el país, mal, pero funcionan. Lo que busca el PAN es ruido mediático.
La senadora del PRI Cristina Díaz dio a conocer el acuerdo por el cual los senadores se dan hasta el 30 de octubre para dictaminar si procede o no la petición del PAN.
La comisión legislativa que da seguimiento al caso de Iguala se trasladará a esa entidad para allegarse información sobre el funcionamiento de los Poderes para dictaminar con mayores elementos.
Podemos adelantar, sin temor a equivocarnos, que la solicitud del PAN no va a prosperar. Si Aguirre se va, no será por esa vía.
Al gobernador de Guerrero le pidieron su renuncia, eso sí, los grupos parlamentarios del PRI y del PAN.
El perredista Alejandro Encinas recordó en tribuna que ha solicitado al mandatario que se haga a un lado desde que se destapó la cloaca en Guerrero.
El perredista hizo en tribuna la misma reflexión que nos hacemos millones de mexicanos:
“Resulta inexplicable que después de tres semanas no haya sido posible encontrar a los 43 estudiantes normalistas que fueron secuestrados y trasladados, como lo muestran los videos, en patrullas de la policía municipal de Iguala y de Cocula.
“Y donde hay evidencias no solamente de la concurrencia de policías municipales con la delincuencia organizada, sino también de las formas de colaboración y cómo se condujo a ese grupo de un lugar confinado a un lugar que, a la fecha, se desconoce”.
La postura del PRI la dio Arturo Zamora. “Deploramos profundamente la actuación del Ejecutivo estatal y lo invitamos a que, en un acto de responsabilidad política, considere seriamente presentar su renuncia”.
Héctor Larios, del PAN, suscribió “casi totalmente” la postura del PRI.
- La Comisión de Gobernación en el Senado tiene mucha chamba. Hoy está convocada para discutir la propuesta de llevar a consulta popular la propuesta de bajarle el salario al jefe del Ejecutivo federal.
La priista Cristina Díaz, presidenta de la citada Comisión, nos adelantó que la iniciativa no procede. Argumenta que no son consultables los temas que tienen que ver con el Presupuesto.
La senadora regia no dio más detalles. Pidió a sus colaboradores que nos enviaran la iniciativa por correo electrónico. Ni caso le hicieron.
Buscamos en la magia de Google. Encontramos una nota de Apro (la agencia de la revista Proceso) que da cuenta de que 43 senadores del PAN y del PRD presentaron una solicitud para realizar una consulta popular sobre “salarios máximos” para reducir 50% las remuneraciones y prestaciones del Presidente de la República y altos mandos de la administración pública federal.
La nota dice que tanto Roberto Gil Zuarth, PAN, como Luis Sánchez, PRD, aseguran que esta iniciativa implicaría un ahorro de 20 mil millones de pesos, que se podrían destinar a obras sociales y proyectos productivos.
- Otra vez con el ombudsman. Raúl Plascencia Villanueva no se ha registrado para reelegirse un nuevo periodo al frente de la CNDH. Ayer, en distintas entrevistas, señaló que lo platicaría en la noche con su familia.
No iría solo. Ayer se registraron varios aspirantes. Del primero que tuvimos noticias fue de Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se registraron también la exvisitadora de la CNDH Laura Gómez Ortiz, así como el ombudsman de Querétaro, Miguel Nava Alvarado, y el activista José Luis García Salazar.
La agrupación Mujeres de Hierro presentó una carta de apoyo a dos mujeres que también se registraron ayer: Miriam Saldaña e Irene Herrerías.
La misiva viene firmada por Ruth Zavaleta, Rosario Guerra, Verónica Martínez Sentíes, Areli Rojas y Lorena Villavicencio, entre otras.