En realidad, las acusaciones de narcotráfico y nexos con el crimen organizado contra el gobernador Rubén Rocha Moya y demás servidores públicos de Sinaloa es algo que todo mundo esperaba. Lo extraño, en ese sentido, es que se trate del primer mandatario estatal de la tierra del tomate señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Pero el caso de Rocha Moya es la crónica de un destino anunciado. O para decirlo de manera más precisa, tiene en su horizonte dos opciones: la cárcel o la muerte. Ni hablar, el que nada entre tiburones se arriesga mucho. De momento, el fuero lo mantendrá libre hasta que concluya su mandato, en octubre del año que entra, o se active una revocación, situación que se antoja improbable. Así las cosas, está la posibilidad de que sea ajusticiado por gente de su calaña, por ejemplo, o sufra un accidente carretero, como el de Maquío, sinaloense ilustre que incitara a la rebelión política a finales de los años 80 del siglo pasado.
Si hubo un evento que estigmatizó a Rocha Moya es el de su participación activa, mediante engaños, en la captura y envío a territorio estadunidense de Ismael El Mayo Zambada, en julio de 2024. El famoso capo denunció en una carta entregada a su abogado que fue “secuestrado” (el burro hablando de orejas).
Según la versión de El Mayo, acudió a una cita en un rancho de Culiacán con el gobernador y Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y fugaz secretario de Salud de Rocha Moya. Es decir, dos enemigos políticos quedan de verse y tienen como moderador a uno de los criminales más buscados del mundo. A todo esto, ¿cómo puede conciliar el sueño el gobernador, si tiene al narco a las puertas de su oficina y su casa?
Como el lector advertirá, esto se pone mejor cada día. Sobre el affaire Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum lo dejó muy claro: su gobierno no va a cubrir a nadie que cometa delitos, pero quien acuse debe presentar pruebas. Es una posición política.
Este escándalo (el más reciente) de Rocha Moya eclipsa, de alguna manera, el de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. La operación no autorizada de agentes de la CIA en territorio nacional provocó la caída del fiscal de ese estado norteño, César Jáuregui, pero no la comparecencia de Campos en el Senado. “¡Cómo iba yo a comparecer en una reunión de trabajo del Senado, si quienes hacen comparecer a la gobernadora de Chihuahua están en la ‘lista roja’ del gobierno de Estados Unidos! Nos vamos dando cuenta de quién es quién”, declaró la mandataria (La Jornada”, 30/abril/2026).
La relación de algunos gobernantes con sus pares presos es tan oscura que daría para varias tesis en un buen catálogo de carreras universitarias (derecho, filosofía, sociología, economía, et al). La de Maru Campos y uno de sus predecesores al mando de Chihuahua, César Duarte, es una historia de deudas políticas. Todo comenzó con una nómina secreta, cuando Maru, entonces diputada, firmó recibos por más de diez millones de pesos extraídos del erario. Cuando Maru alcanzó la gubernatura, en 2021, el tablero se invirtió. De “protegida” pasó a guardiana de su antiguo benefactor.
Pero Duarte no pudo evitar el largo brazo de la justicia, pues ha estado en prisión en tres etapas distintas, acumulando casi cuatro años y medio tras las rejas entre Estados Unidos y México por delitos como peculado, asociación delictuosa y lavado de dinero por más de 70 millones de pesos. Desde diciembre del año pasado, Duarte se encuentra internado en el Altiplano.
Curioso que, en cuestión de días, México haya pasado de tener injerencia de la CIA en su territorio a la situación de alta tensión de Rocha Moya, en tanto el gobierno federal mantiene una postura de cautela. Al final del día, todos los caminos llevan a la delincuencia organizada.