¿Algún Sarkozy mexicano?

La condena a cinco años de cárcel que un tribunal de París atribuyó al expresidente francés Nicolas Sarkozy por asociación ilícita relacionada con una presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007, con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, sienta un precedente en el país galo en el que nunca se había juzgado a un exmandatario.

Esta decisión se da en medio de varios casos de corrupción recientes que han salpicado a políticos franceses de talla relevante como la exlíder del partido Rassemblement National Marine Le Pen. La tres veces candidata presidencial fue sentenciada por malversar fondos del Parlamento Europeo para pagar personal vinculado a su partido en Francia mediante contratos ficticios y debe cumplir cuatro años de prisión, de los cuales sólo tiene que pasar dos y sigue en juicio por invalidar el resto, pero el fallo judicial la descarriló de su ansiada llegada a la presidencia del país por la prohibición a ejercer cargos públicos durante cinco años.

François Fillon, exprimer ministro, es otro de los políticos que enfrentó un escándalo al revelarse que su esposa, Penelope Fillon, había sido remunerada como asistente parlamentaria en empleos con poca o nula labor demostrable. El político conservador tuvo que decir adiós a sus deseos de convertirse en presidente en 2017 y fue inhabilitado por 10 años.

También recientemente, Claude Guéant, exministro y colaborador de Sarkozy, fue condenado por mal uso de fondos públicos para contratos de sondeos sin licitación ni la transparencia legal requerida, además de que lo ha alcanzado el caso judicial de su exjefe, por presuntamente aceptar el soborno de Gadafi, y de intentar encubrirlo mediante compras de arte.

Tras los repetidos escándalos, no es de sorprenderse que la opinión pública  francesa manifieste un nivel de desconfianza creciente hacia la clase política. Según la encuesta 2025 de la Comisión Europea sobre las actitudes de los ciudadanos ante la corrupción, presenta que, en el caso de los franceses, alrededor de 70% de los encuestados considera que la corrupción se ha expandido en su país.

Un 65% cree que los partidos políticos abusan del poder para beneficios personales y recibir sobornos. Asimismo, 74% destaca que los casos de corrupción que han involucrado a funcionarios de alto nivel no son lo suficientemente investigados; y 66% considera que el favoritismo y la corrupción entorpecen la competencia en diferentes asuntos. 

Entre las razones que ofrecen los franceses para no señalar un acto de corrupción destacan que, consideran que es difícil probarlo, no se garantiza la protección contra las represalias para quienes hacen denuncias incluso en el ámbito laboral, simplemente no saben dónde denunciarlo o piensan que es inútil hacerlo, porque los responsables no serán castigados.

Para denunciar la corrupción, los franceses tienen más confianza para hacerlo directamente con la policía; en segundo lugar, con las áreas de procuración de justicia como juzgados, tribunales o fiscalías; por medio de una agencia anticorrupción especializada; y en cuarta posición, a través de los medios de comunicación.

La condena de Sarkozy y otros líderes políticos franceses pone el ejemplo a otros países de cómo opera el sistema judicial galo de una forma autónoma frente al poder político. Pese a ello, el fantasma de la corrupción persiste y es cada vez más señalada y condenada por la sociedad.

En México son varios los casos de funcionarios de alto nivel y expresidentes señalados de corrupción, vinculados con enriquecimiento ilícito, nexos indirectos con el narcotráfico y otras acusaciones graves que han salido a flote, pero más allá de los escándalos mediáticos, sólo ha persistido la impunidad. Los procesos judiciales suelen usarse más con fines políticos que de justicia real, por ello, que a nadie sorprenda que en el pueblo se mantiene viva la idea de los pactos no escritos de impunidad para los expresidentes.

Quizás cuando haya un Sarkozy mexicano cambiemos de opinión.