Las batallas del INE

Al no reconocer el carácter evolutivo de nuestra democracia, dejamos de lado una de las reglas de oro: la certeza.

Lorenzo Córdova

Ayer concluyó el plazo para el registro de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual inició el pasado 9 de enero, arrancando así un procedimiento de suyo riguroso, para la selección de consejeros de este órgano autónomo constitucional.

La naturaleza jurídica del INE, como la del resto de estos órganos constitucionales, radica esencialmente en su autonomía como fórmula democrática, para equilibrar los poderes del Estado, es el resultado de la evolución de la estructura tradicional de la división de Poderes que contempla la teoría del Estado, es ni más ni menos un equilibrio constitucional.

Los órganos constitucionales autónomos, nacen y se desarrollan bajo los principios de la Carta Magna, no se sujetan a los Poderes tradicionales del Estado y actúan con independencia en la toma de decisiones en las áreas de su competencia y en la construcción y operación orgánica. De ahí la importancia de esta selección de cuatro nuevos consejeros, incluido el consejero presidente.

Los distintos embates que han sufrido estos órganos constitucionales autónomos, en el caso del INE, más allá de la diatriba recurrente de sus detractores, con una iniciativa de reforma constitucional presentada por el Ejecutivo —y que fue repudiada por la sociedad civil y el Constituyente en su momento— tuvo como respuesta otra iniciativa del Ejecutivo para modificar leyes secundarias en materia electoral (cuatro) y que, actualmente se encuentra sujeta a la revisión de la Cámara de Senadores el próximo mes.

El plan B a que se refiere esta reforma electoral enfrenta un futuro incierto, pues de ser aprobada con modificaciones que no agraden al Ejecutivo, éste amaga con vetarla, en cuyo caso regresaría a la Cámara de origen, de no hacerlo la misma sería impugnada con acciones de inconstitucionalidad para que la SCJN, presidida por la impecable jurista, la ministra Norma Piña Hernández, resuelva lo conducente.

La evaluación de los aspirantes, a saber diez, hasta el día de ayer, entre los que destacan tres mujeres, han presentado la documentación requerida y será a partir del 23 de enero concluyendo el 22 de marzo; en este proceso se integran siete personas de reconocido prestigio: dos serán propuestos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y tres designados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Quienes cumplan los requisitos constitucionales y legales serán sujetos a una segunda instancia en la que deberán realizar un examen de conocimientos previsto para el 6 de febrero.

Posteriormente, se elegirán a los mejores aspirantes calificados.

Una vez que se realice el análisis de sus perfiles, el Comité deberá elaborar las listas con los nombres de los finalistas; la fecha límite para ello es el 22 de marzo.

El 27 de marzo, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) deberá hacer llegar a la Mesa Directiva la lista de los aspirantes a consejeros del INE mejor evaluados.

La Cámara de Diputados deberá entonces aprobar el 28 de marzo por mayoría calificada a las o los cuatro consejeros del INE para el periodo que va del 4 de abril de 2023 al 3 de abril de 2032.

Al no alcanzar la votación de las dos terceras partes de los diputados, la lista de los aspirantes deberá devolverse a la misma Cámara para que analice a cada uno de los aspirantes.

Si no se logra consenso, se convocará a una nueva sesión, en la que se realizará la elección de los cuatro consejeros electorales mediante insaculación; riesgoso someter esta elección bajo el esquema de una “rifa”, dada la pugna partidista en la propia Cámara y, ya en caso extremo, intervendría el pleno de la SCJN bajo el mismo esquema.