Trabajo y bienestar

Uno de los mayores éxitos del gobierno de la Cuarta Transformación ha sido la transferencia de dinero, de manera directa, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los estudiantes de escuelas públicas, a los jóvenes construyendo el futuro y a las madres jefas de familia.

Esos recursos son la bandera de los Programas para el Bienestar, el sustento de la frase “primero los pobres” y garantizaron el triunfo de Morena el pasado 2 de junio: “amor con amor se paga”. Y aunque seguirán siendo parte del entarimado del segundo piso para la transformación, la próxima administración deberá tomar en cuenta algunas consideraciones al respecto.

Por ejemplo, aunque se registra el máximo histórico en el alcance general de los programas sociales de transferencias, se observa una caída muy importante —alrededor de 20 puntos porcentuales—, en la cobertura de los hogares de menores ingresos, aquellos con mayor pobreza, entre 2016-2018 y 2020-2022.

La caída tan drástica en el alcance de los hogares de menores ingresos se observa también en el ingreso promedio por transferencias gubernamentales.

En la columna pasada (Excélsior, 14/07/24) escribí que los expertos de México, ¿cómo vamos? —un colectivo de científicas y científicos sociales, mayoritariamente economistas— presentaron un documento en el que señalan las prioridades y las agendas impostergables para la futura presidenta Claudia Sheinbaum y las secretarías de mayor impacto económico.

Revisamos, en el Mensaje Directo, el diagnóstico y las propuestas en educación y seguridad, por considerar que son los grandes pendientes y, al mismo tiempo, la base para el desarrollo y crecimiento económico del país. En esta entrega analizaremos trabajo y bienestar, que son los deseos más preciados de la sociedad mexicana y que no se han cumplido.

Los expertos proponen pensar la política social desde una perspectiva generacional del presupuesto, pues la menor progresividad observada en los años recientes en los Programas para el Bienestar se debe a que gran parte de la cobertura se enfocó en la pensión de adultos mayores (muchos de ellos radicados en las grandes ciudades).

Las pensiones son, sin duda, un respiro para las personas de la tercera edad que no pueden acceder a un sistema de salud público digno, equipado y dotado de los insumos y medicamentos indispensables y que atienden sus padecimientos y compran sus medicinas en farmacias privadas, o que utilizan ese recurso bimestral para poder pagar parte de una despensa básica (que la inflación encareció); sin embargo, es un programa universal que no tiene como objetivo disminuir la pobreza en los hogares de menores ingresos, rurales o indígenas.

“Si bien es importante atender a los adultos mayores a partir de la pensión no contributiva, no debe ser a costa de menor asignación de recursos públicos a programas o infraestructura social, destinados al mejoramiento de la calidad educativa o servicios de salud en nuestro país”, dice el documento de México, ¿cómo vamos?

46 de cada 100 mujeres en edad de trabajar tienen un empleo, mientras que la participación de los hombres es de 76 de cada 100. Cerrar esta brecha laboral de forma significativa, que permitiría a las familias mexicanas mejorar sus condiciones de vida, implica un trabajo coordinado con el IMSS para la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados con políticas e infraestructura de cuidados, que logre reducir significativamente el tiempo que las mujeres emplean en labores domésticas y de cuidados no remunerados y, consecuentemente, puedan incorporarse y mantenerse en el mercado laboral en mayor medida de lo que lo hacen actualmente.

Otro dato revelador para el diseño de la política laboral es que 54 de cada 100 empleos en nuestro país son informales.

Una de las metas principales de las próximas autoridades de la Secretaría del Trabajo debe ser articularse con la Secretaría de Economía y el IMSS para incorporar a la formalidad laboral a las personas que se desempeñan en el comercio informal, a quienes trabajan de forma independiente o por honorarios, así como a las personas que trabajan en los hogares y en actividades agropecuarias, sectores caracterizados por ser preponderantemente informales.

“La productividad laboral observada en el país aún no regresa a niveles prepandemia y ha disminuido desde 2015  —actualmente se encuentra en niveles similares a los observados en 2009–, por ello se necesita una agenda conjunta con la Secretaría de Economía para incrementar la productividad en las unidades económicas, sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas, con programas relacionados con la capacitación, reconversión de habilidades, acceso al capital (herramientas de trabajo) y al financiamiento de las unidades económicas”, dice el estudio de los científicos sociales.

Aquí están las propuestas, toca a los equipos de transición incorporar los diagnósticos y las sugerencias en el diseño del plan nacional de desarrollo de los próximos seis años.