La elección judicial

Me gustaría contarle que llegamos a la elección judicial con júbilo y orgullo porque por primera vez, los ciudadanos mexicanos elegirán a sus jueces, magistrados y ministros en total libertad y conciencia; porque el proceso político y legislativo fue impecable, apegado a derecho, respetando la Constitución y porque se privilegió el diálogo, se escuchó a los sectores involucrados, se respetó la carrera judicial y se buscaron los acuerdos para que la reforma judicial saliera por consenso, no por imposición o compra de voluntades. Con satisfacción porque los y las candidatas hicieron campaña en igualdad de circunstancias, se inscribieron muchos y la selección de aspirantes que hicieron los comités de evaluación fue pulcra. Todos cumplieron con los requisitos y nadie fue impugnado por tener nexos con el crimen organizado o ser buscado por la justicia.

Llegamos con entusiasmo porque las y los ciudadanos que hoy acudan a las urnas lo harán convencidos y por voluntad propia. No necesitarán ser acarreados ni venderán o condicionarán su voto, mucho menos requerirán un acordeón con el nombre o número del candidato. Pero así no sucedió. Llegamos a la elección judicial a través de un proceso atropellado, cuestionado por las múltiples impugnaciones, quejas, acusaciones, amparos y parchado por el INE y el Tribunal Electoral. La reforma judicial se impuso, no salió por consenso ni arropada por los trabajadores, académicos y no por toda la sociedad. Seguro recuerda los bloqueos, marchas y manifestaciones. Los candidatos jugaron en canchas disparejas, unos sin recursos y otros con los apoyos y beneficios de ser cercanos a la Cuarta Transformación o con los reflectores de la SCJN.

El riesgo de la poca participación ciudadana encendió las alertas en quienes le apostaron todo a este ejercicio, por lo que la orden a los gobernadores aliados al Movimiento de Regeneración Nacional fue movilizar hoy a los ciudadanos a las urnas.

De acuerdo con la investigación de mi compañera Leticia Robles de la Rosa, cronista parlamentaria (publicada el 27 de mayo en Excélsior), este primer proceso electoral de los integrantes del Poder Judicial de la Federación suma, al menos, seis violaciones constitucionales notorias.

1.- Los Comités de Evaluación no tuvieron a tiempo sus listas de candidatos elegibles, como lo establece el artículo 96.

2.- Tampoco revisaron que cumplieran los requisitos, al grado de que, al menos, 34 candidatos fueron denunciados por ciudadanos, organizaciones sociales y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, violaron el artículo 95 constitucional.

3.- No cumplieron con el número de candidatos por cada puesto a elegir, como ordena el artículo 96, párrafo segundo, pues el Poder Judicial postuló un número menor de candidatos a salas regionales del Poder Judicial de la Federación y hay otros 30 candidatos que van solos a elección de jueces y magistrados, cuando debían ser al menos dos personas.

4.- Los diputados federales y los senadores violaron el artículo 96 constitucional, que prohíbe a los servidores públicos hacer proselitismo, pues lo hicieron abiertamente.

5.- El intento de los partidos políticos, principalmente Morena, de habilitar a sus militantes como observadores electorales, a pesar que el propio artículo 96 lo prohíbe.

El INE rechazó a 38 mil 229 personas que querían ser observadores electorales; de ellos, 20 mil 900 eran de Morena; dos mil 576 del Verde; mil 280 del Partido del Trabajo; cinco mil 336 del PRI; mil 270 de Movimiento Ciudadano; mil 257 del PAN y cinco mil 600 de partidos locales.

6.- 380 candidatos contrataron publicidad para promoverse, a pesar de que lo prohíbe el artículo 96, párrafo sexto.

Mi compañera periodista Ivonne Melgar nos recuerda también otra pifia legislativa en el texto que se publicó ayer sábado en Excélsior: “Mientras el sexto párrafo del artículo 97 de la Constitución indica que los ministros elegirán al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 94 señala que será la elección en las urnas la que determine ese cargo. “Se trata de una contradicción que al gobierno le urge resolver este verano, en un periodo extraordinario del Congreso, porque en su momento ninguna de sus dos cámaras reparó en la antinomia, como se le llama en el lenguaje parlamentario a este tipo de situaciones que siempre generan confusión y complican el cumplimiento de la ley”.

Así llegamos. ¿Cómo saldremos?