La batalla legal por los derechos

Derechos consagrados en la Constitución, como la salud y la educación, han tenido que judicializarse para acceder a ellos y sólo así, con un amparo o suspensión provisional o un fallo de la Corte, se avanza.

Hace unos días, el gobierno federal anunció que pronto comenzará la vacunación de un millón de niños, niñas y adolescentes con discapacidad o alguna enfermedad que pudiera complicar los síntomas de covid-19. Ese compromiso es un logro de cientos de madres y padres de familia que recurrieron al amparo y confiaron en los juzgadores, quienes ordenaron a la autoridad aplicar la vacuna.

En Oaxaca se promovieron 18 amparos para vacunar a menores de entre 12 y 17 años; en el Estado de México se vacunaron 10, luego de acatar las resoluciones de los jueces federales, y 128 más recibirán la primera dosis de Pfizer en los próximos días.

En Veracruz, Morelos y Jalisco se solicitaron 12 amparos; 30 en Hermosillo, Sonora; 50 en la Ciudad de México; 56 en San Luis Potosí; 73 en Durango; 80 en Puebla; 105 en Baja California y 300 en Nuevo León.

Padres de niños y niñas con cáncer pudieron exigirle al gobierno federal que cumpla con el derecho a la salud de sus hijos a través de la sentencia definitiva de un juicio de amparo que obliga a garantizar los medicamentos.

En materia de educación, un juez concedió un amparo para que las escuelas de tiempo completo tengan recursos económicos suficientes para poder garantizar el derecho a aprender de niñas y niños.

La organización Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, interpuso una demanda de amparo contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 y los lineamientos del programa La Escuela es Nuestra (LEEN) por considerar que la eliminación del Programa Escuelas de Tiempo Completo y el traslado de sus objetivos atentan contra el derecho a aprender de 3.6 millones de niñas y niños beneficiarios y se viola el principio de progresividad que implica que, una vez alcanzado cierto nivel en el goce y ejercicio de algún derecho humano, las autoridades no pueden, arbitrariamente, tomar decisiones que lo hagan retroceder.

De acuerdo con la información recopilada por mi compañera Laura Toribio, siete de cada diez escuelas atendidas por el programa son indígenas y rurales, y en el 53.8 por ciento se ofrecen servicios de alimentación a niños y niñas que, en su mayoría, se encuentran en condición de pobreza extrema.

En 2019 se recortó 50 por ciento del presupuesto que se destinaba al programa y de tener 10 mil 189 millones de pesos pasó a 5 mil 100 millones en 2020, pero el proyecto de presupuesto para 2021 ya ni siquiera lo contempló, poniendo en vilo la alimentación para 1.4 millones de estudiantes.

Antes, Aprender Primero interpuso una demanda de amparo en favor de la seguridad de los niños y jóvenes, ante las deficiencias del acuerdo y guía publicadas por la Secretaría de Educación Pública el 20 de agosto pasado para regular el regreso a clases presenciales, pues sólo eran recomendaciones y no un protocolo.

Un juez federal otorgó la suspensión provisional para que los niños de todas las escuelas del país puedan regresar a las aulas de manera segura ante la pandemia y, para ello, la Federación debe procurar insumos suficientes a planteles y que éstos cuenten con agua.

Y la Suprema Corte demostró que puede ser justa y defender la libertad, dignidad y el derecho a decidir de todas las mujeres, en especial de las gestantes, al declarar inconstitucional la penalización del aborto en la etapa inicial, por lo que ninguna mujer en el país podrá ser castigada por interrumpir su embarazo.

El Poder Judicial de la Federación también dio un paso importante en la equidad de género, al otorgar licencias de paternidad por tres meses con goce de sueldo íntegro, para los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que sean corresponsables con sus parejas en el cuidado de sus hijos desde el nacimiento o momento de la adopción.

En otros asuntos de interés ciudadano, el pleno de la Corte declaró inconstitucional la prohibición absoluta del uso lúdico y recreativo de la mariguana, luego de que el Congreso de la Unión no cumpliera con su obligación de aprobar una ley que regule el tema. Y, según información del Consejo de la Judicatura, hasta el año pasado se habían interpuesto al menos 4,599 demandas de amparo que consideraban como ilegal la aplicación de la ley de remuneraciones.

A este gobierno le gustan los jueces a modo para pasar por encima de todos los derechos, pero los ciudadanos necesitan protegerse con una Suprema Corte y un Poder Judicial fuerte y autónomo. No debiera ser así, pero…