Entre líneas

Abrazo sororo, María Amparo Casar.

Considerando el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión…”, organizaciones internacionales y nacionales defensoras de la libertad de prensa suscribieron la Declaración de Santiago + 30, en Santiago, Chile, el pasado 2 de mayo de 2024.

El pronunciamiento aborda nuevos desafíos políticos, sociales y tecnológicos que encara el periodismo en el mundo. La Declaración de Santiago + 30 exhorta a los Estados, organizaciones intergubernamentales, empresas de tecnología, medios de comunicación y al periodismo en general a asumir “un esfuerzo de colaboración” que consolide “la libre expresión como un derecho humano fundamental y piedra angular de las sociedades democráticas e informadas”.

El documento pide a los Estados evitar las narrativas de polarización política, “que incluyen la estigmatización del trabajo periodístico…”; proteger a periodistas y medios de comunicación de amenazas, ataques y violencia, “abordando la impunidad de los crímenes contra periodistas y creando grupos de trabajo y sistemas de protección eficientes para prevenir, investigar y procesar los ataques y reparar sus consecuencias”.

La declaración exhorta a los gobiernos a garantizar el libre flujo de información y el acceso a información pública; “desalentar los llamados litigios estratégicos contra la participación pública que sólo buscan intimidar y silenciar voces críticas, de periodistas y otros actores civiles, y desactivar regulaciones que mantienen censura directa o indirecta en contra de medios y periodistas”. Les pide apoyar la sostenibilidad del periodismo independiente y alentar condiciones de negociación equilibradas entre medios y plataformas digitales por la distribución de contenidos.

El llamado también es para las organizaciones intergubernamentales, para impulsar políticas públicas a favor de la existencia de una prensa plural e independiente, fomentar la creación de medios en zonas rurales e incentivar campañas públicas de alfabetización mediática y digital.

A las empresas de tecnología las exhorta a transparentar sus políticas de moderación de contenidos; combatir la desinformación; respetar las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual; explorar nuevos modelos de negocio sostenibles para las partes, que garanticen una compensación justa por los contenidos noticiosos que las plataformas distribuyen, y observar los principios de competencia en el ecosistema publicitario.

A los medios y al periodismo, se les exhorta a resistir la censura, la autocensura y la influencia indebida; sostener principios de calidad y transparencia; crear protocolos de seguridad para su personal y reforzar sus políticas de inclusión de género, raza y diversidad.

La Declaración de Santiago + 30 surge en el contexto de la nueva reunión convocada por Unesco y para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo). En 1994 se hizo —también en Chile— bajo el lema “El Desarrollo de los Medios de Comunicación y la Democracia en América Latina y el Caribe”.

En ese entonces, se pidió que “todos los Estados de la región fueran incentivados a otorgar garantías constitucionales de libertad de expresión, de libertad de prensa para todo tipo de medios de comunicación...”, y que “el respeto por el pluralismo (…) debería ser un factor fundamental en nuestras sociedades democráticas…”.

Hoy, 30 años después, persisten conductas denunciadas en la Declaración de Santiago en 1994, sobre la existencia de “represión, amenazas, agresiones, asesinatos, arrestos, encarcelamientos y secuestros, actos criminales que en muchos casos quedan impunes”.

La prensa libre y el derecho a la verdad está siendo amenazada y perseguida.

Las instituciones que firmaron la Declaración fueron la Asociación Mundial de Editores de Noticias, WAN-IFRA; Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ); Associação Nacional de Jornais (ANJ-Brasil); Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa); Asociación Nacional de la Prensa (ANP-Chile); Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI); Asociación de Medios de Información (AMI-España); Associação Portuguesa de Imprensa (APImprensa); Alianza de Medios MX (México); Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep).