El lodo que reveló la pobreza

Xaltipa desapareció. Quedó sepultada por el lodo, pudieron rescatar a 180 personas que ahora viven refugiadas con otros habitantes de la comunidad en carpas y lonas, en Huayacocotla… Chahuatlán vivió otra tragedia. Perdió a sus maestras María Guadalupe Hernández y su hija Alison, a Anselma Ramírez Hernández y su madre, Lucinda Domínguez Hernández. A ellas dos, sus familias y compañeros las siguen buscando; excavan entre escombros y lodo, con palas y picos…

Chahuatlán y Xaltipa pertenecen al municipio de Ilamatlán, Veracruz, donde las aulas del Telebachillerato Comunitario también fueron destruidas –de acuerdo al testimonio del profesor Rogaciano Cortez–, y aún hay 11 comunidades sin acceso.

Han pasado 17 días y el saldo de la tragedia en los 111 municipios de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí –afectados por la tormenta tropical 90E– asciende a 80 muertos y 18 desaparecidos. Además del dolor por las pérdidas de sus familiares, vecinos, maestras y maestros; los habitantes de esas comunidades tienen algo en común que los azota aún más: la pobreza. La tormenta no fue el inicio, fue la estocada final.

Los datos del informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la Secretaría de Bienestar son escalofriantes porque desnudan la negligencia histórica de un Estado ausente. Que en Ilamatlán, de sus 13 mil 377 habitantes, 12 mil 700 (94.93%) vivan en pobreza, con un alto grado de marginación, no es una estadística fría: es un acta de defunción social que se firmó mucho antes de que cayera la primera gota de la Tormenta 90E.

La pobreza es la infraestructura más vulnerable de todas. Que 89.5% de las personas no tuviera servicios básicos en sus viviendas; que 61.1% de las casas no hubiera acceso al agua potable y en 68.6% no contaran con drenaje, significa que las comunidades estaban ya al borde del colapso, esperando sólo el empujón de la naturaleza. Cuando los expertos advierten que las recientes inundaciones podrían revertir los avances en pobreza de los últimos años, están señalando un fenómeno que va más allá de la métrica económica. Lo que presenciamos es el efecto multiplicador de la vulnerabilidad.

La pobreza no sólo significa tener bajos ingresos; significa vivir en casas sin cimientos firmes, construidas con materiales precarios en zonas de riesgo, sin acceso a un sistema de salud que pueda atender una emergencia o a un sistema educativo que resista un aguacero. Las cifras históricas de 2020 son la crónica de una tragedia anunciada: 1.6 millones de habitantes de estas localidades ya carecían de acceso a servicios básicos en la vivienda, 851 mil tenían dificultades para conseguir alimentación nutritiva, 540 mil enfrentaban problemas de calidad o espacio en sus casas, y 539 mil carecían de servicios de salud.

Si en condiciones normales la vida era ya un reto de supervivencia, ¿qué esperan las autoridades que suceda ahora que el lodo se ha llevado lo poco que tenían?

Es precisamente en la precariedad de los servicios donde se incuba la desgracia. La falta de acceso a salud, que ya era una limitante para cientos de miles de personas, se convierte en una sentencia cuando las carreteras y caminos quedan inaccesibles, bloqueando la llegada de ayuda y la evacuación de heridos. Las lluvias no son un evento democrático: caen con más fuerza donde la resistencia de la pobreza es más débil. Estas cifras recabadas por el Inegi no son variaciones marginales; son la evidencia de que las políticas sociales han fallado estrepitosamente a lo largo de décadas. ¿Cómo pueden los gobiernos mirar estas cifras año tras año sin activar una alerta roja estructural?

La coordinación interinstitucional y la atención rápida a infraestructura, vivienda, servicios básicos y alimentación son cruciales para evitar un retroceso mayor en los avances de pobreza alcanzados en los últimos cinco años. Pero esta coordinación debe ir más allá del reparto de despensas y láminas; debe incluir un plan de reordenamiento territorial, de inversión masiva en servicios públicos básicos y de reactivación económica que impida que las familias pierdan sus medios de vida y caigan aún más profundo en la desesperación.

Hoy es urgente atender a la población afectada, reubicar y reconstruir comunidades, levantar viviendas y escuelas. Pero el reto no termina ahí, porque de los escombros y el lodo emergió una realidad ignorada por priistas, panistas, perredistas y morenistas: la pobreza y marginación desatendida.