Calor de hogar a niños migrantes

En los últimos años, México dejó de ser únicamente un país expulsor y de tránsito de migrantes para convertirse en un territorio de origen, destino y refugio de personas que buscan llegar a Estados Unidos.

Esta realidad representa nuevos retos para el Estado mexicano, pues se requiere —además de una política exterior eficaz, que permita acuerdos con Estados Unidos y países expulsores—, la creación e instrumentación de un modelo de atención a migrantes que garantice el respeto de sus derechos humanos y el acceso a una política social de calidad mientras están aquí y, al mismo tiempo, permita la inclusión y la convivencia pacífica entre los ciudadanos del mundo, un fenómeno que pensábamos exclusivo de Europa, pero que ya está aquí plantado en México.

La migración es un fenómeno complejo y sus consecuencias pueden verse desde diversas ópticas: inseguridad, desempleo, hacinamiento, pobreza, reproducción, pero una de ellas, la más vulnerable, son los menores de edad, los que viajan con sus padres y los que están solos a merced de peligros y de la delincuencia organizada enquistada en nuestro territorio.

Datos de Unicef indican que en 2017, más de 18 mil niñas, niños y adolescentes provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador fueron detenidos por autoridades migratorias mexicanas, de éstos más de 7 mil viajaban solos o no estaban acompañados. En el mismo año, un total de 8,912 menores mexicanos fueron deportados desde Estados Unidos, de los cuales 1,539 eran acompañados y 7,373 no.

Las cifras se incrementaron con el surgimiento de las caravanas de migrantes del año pasado, y en sólo cuatro meses —de octubre de 2018 a febrero de 2019—, fueron detectados más de 14 mil infantes, de los cuales casi 4 mil viajaban sin compañía.

En cuanto a las niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos, en 2018 fueron deportados casi 11 mil desde Estados Unidos y de enero a mayo de 2019, han sido deportados poco más de 5 mil.

El canciller Marcelo Ebrard informó el miércoles pasado que durante el primer semestre de 2019 fueron presentados ante la autoridad migratoria 33 mil niñas, niños y adolescentes. Esta cifra representa un aumento de 132% respecto a 2018, cuando fueron 14 mil. De los 33 mil menores, 75% iban con sus familias, pero más de 8 mil (25%) no estaban acompañados, lo que obligó al gobierno a trabajar en un mecanismo de atención especial.

Ante este panorama, la Secretaría de Relaciones Exteriores en colaboración con el Sistema DIF Nacional y la Unicef México presentaron un documento titulado Modelo de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en México que busca identificar y dar protección a esos menores que se quedan en la calle o a merced de los traficantes de personas, polleros y crimen organizado.

El modelo es una guía, el secretario Ebrard lo llamó “una brújula de navegación”, y es que efectivamente es un documento de 39 páginas que marca las etapas, procesos, recomendaciones y las necesidades técnicas, materiales y humanas (como profesionales en sicología, medicina, educación, nutrición, trabajo social) que se requieren para proveer de los cuidados alternativos que requieren estos menores de edad.

Y es que el personal que colabore en ese modelo debe tomar en cuenta la edad, el perfil del menor, su grado de vulnerabilidad y sus necesidades específicas, ya que existen diferentes perfiles de atención como víctimas del delito, de trata de personas, de violencia extrema, o de comunidades indígenas, con discapacidad, trastornos o que pertenecen a la población LGBTTTI.

El modelo —que se trabajará de manera coordinada con las autoridades federales, estatales y municipales— marca cuatro etapas:

1. Identificación del menor. La realizarán el Instituto Nacional de Migración o el DIF para canalizarlo a un Centro de Asistencia Social (CAS) de corta estancia.

2. Atención o primera acogida. Comienza una vez que el menor es canalizado a un CAS para que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) elabore un plan de protección y restitución de derechos, y que el DIF/CAS hagan un primer esbozo de un plan de vida individualizado. De manera paralela inicia la búsqueda de los familiares del menor. Si la familia o los parientes cercanos se encuentran en México, la reunificación con ella es primordial, mientras se desarrolla el procedimiento administrativo migratorio.

En esta etapa se proporcionan los servicios necesarios como salud, atención emocional, educación, cultura, deporte y recreación, entre otros y se realiza el trámite para obtener un estatus migratorio regular en México.

3. Segunda Acogida. Pensada para quienes permanecerán más tiempo en el país como los solicitantes de asilo, refugiados o con protección complementaria. Hay dos modalidades: la familia (extensa o ajena, es decir una familia mexicana) y la residencial (en un CAS).

4.- Egreso. La reintegración familiar o el acompañamiento hacia una vida independiente. Es la última etapa del modelo.

Me entusiasma mucho este trabajo conjunto de las autoridades con Unicef y deseo éxito, porque se trata de la población más vulnerable; el único inconveniente es que el nuevo modelo no contempla recursos extraordinarios, sino los que ya existen en las dependencias involucradas (SRE, DIF, INM, Fiscalía General de la República y procuradurías estatales de protección al menor). ¡Ey, señores diputados!, revisen el modelo (está en la página de Unicef México) para que comprueben que hay programas en los que vale la pena invertir más recursos y que, por cierto, salen de nuestros impuestos.