Poner orden

El miércoles pasado escuché un dato alarmante: 60% del suelo urbanizado es de origen irregular. La cifra es del Centro Mario Molina y forma parte del expediente de responsabilidades sobre los cambios de uso de suelo y otorgamiento de licencias de construcción, que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) integra y en el que se señalarán los nombres de los responsables, de quienes autorizaron permisos y construyeron viviendas en zonas de riesgo.

La pérdida de miles de casas por el paso de los huracanes Ingrid y Manuel obligó a las autoridades federales a revisar la forma en que en nuestro país se construye, y lo que han encontrado hasta el momento es que no existe un orden, no hay reglas claras para la edificación de vivienda y los permisos se dan de manera discrecional.

En México se construyen casas en zonas de riesgo, en barrancas, junto a ríos, en minas, en manglares, en ejidos, en terrenos irregulares, gracias a la corrupción entre autoridades y vivienderas. Los asentamientos también son auspiciados por líderes políticos y “luchadores sociales” que fomentan la invasión de terrenos para luego obligar a las autoridades del lugar a meter servicios de agua, luz, drenaje y así “regularizarlos”.

Aquí otro dato preocupante: 36%  de los municipios urbanos cuenta con un instituto municipal de planeación y solamente 10% tiene un atlas de riesgos.

Hablar de un orden territorial y una adecuada planeación urbana no tiene que ver con un problema estético, sino con la forma en la que se distribuye el país y se generan oportunidades. Tiene que ver con calidad de vida, con protección al medio ambiente, con seguridad jurídica y física, con reglas claras para la construcción y con sustentabilidad.

El titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo en una reunión con representantes inmobiliarios, realizada en Mazatlán el pasado jueves, que los especialistas ya han puesto un costo a este orden territorial en México, el cual impactaría a la economía nacional entre cuatro y cinco puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Pero regresemos a la tragedia que se vivió en Acapulco. Ahí, la reconstrucción de viviendas costará mil 200 millones de pesos, pero la obra en general que tendrá que hacer el gobierno de la República en el estado de Guerrero es de más de 22 mil millones de pesos. ¿De dónde creen que saldrán esos recursos? Pues de nuestros impuestos. Otra vez seremos los mexicanos quienes pagaremos las desastrosas consecuencias de la corrupción.

¿Saben cuántas viviendas se construyeron de 1986 a 2010 en zonas irregulares de Acapulco (Llano Largo, El Cayaco y sus alrededores)? 36 mil casas, según las cifras oficiales que forman parte de la investigación que realiza Sedatu.

Pero ¿quiénes son los responsables de esas construcciones irregulares en zonas de peligro, no sólo en Acapulco, sino en todo el país? ¿Quiénes son los culpables de las desgracias, de la pérdida de vidas y de casas? ¿Quiénes tendrían que asumir los costos de esa reconstrucción? Pues los presidentes municipales, gobernadores, autoridades federales, constructoras de vivienda privadas, desarrolladores, agentes inmobiliarios y las instituciones de vivienda de los gobiernos federal y estatales.

Otro dato que dio el secretario Ramírez Marín y que refleja la poca corresponsabilidad de los involucrados, es que para la reconstrucción en Guerrero las aseguradoras sólo invertirán mil 700 millones de pesos y de ese monto 80% es gracias a que el Infonavit obliga a contar con un seguro contra daños, el cual se aplicará también sobre la calidad misma de la vivienda.

La demanda creciente de un hogar seguro para los mexicanos (el déficit de vivienda en el país es de nueve millones) no se atiende construyendo en zonas de riesgo, en predios irregulares, sin una estrategia ni un plan de desarrollo urbano.

Los 36 millones de mexicanos que no tienen acceso a una vivienda digna y decorosa y las miles de familias damnificadas por los huracanes demandan un ajuste en la política de vivienda, quieren casas seguras en lugares seguros.

Ya basta de vivienda barata y de mala calidad. Es urgente poner orden a las autoridades corruptas que se coluden con vivienderos, que no venden sueños, sino pesadillas.

DM

El 20 de noviembre está previsto que el gobierno federal firme un convenio con 90 municipios del país para evitar que las licencias de construcción o los cambios de uso de suelo se autoricen sin consultar el Registro Único de Vivienda, que definirá los polígonos permitidos para el desarrollo urbano, y sin checar los atlas de riesgo. En resumen, los presidentes municipales tendrán que contar con la autorización de la

Sedatu para otorgar los permisos.

                Twitter: @Fabiguarneros