2 de octubre y la maldición mexa

Otra vez la historia se repite con un eco doloroso de impunidad. Otra vez, el 2 de octubre, la memoria de Tlatelolco se manchó de violencia y omisión. El pasado jueves, la marcha conmemorativa por los caídos del 68 se convirtió en un campo de batalla, dejando un saldo de 123 personas lesionadas y pérdidas económicas de 900 millones de pesos. Los protagonistas de la agresión, el autodenominado “bloque negro” —un grupo de choque que, según la autoridad, sumaba más de 350 personas— huyeron impunes, a pesar de que fueron a provocar, saquear y prender fuego a elementos de seguridad y mobiliario urbano.

El hecho y la respuesta absurda de las autoridades responsables de garantizar el orden, la seguridad y que la ley se cumpla me hicieron pensar en que nuestro país tiene una maldición, que hace que “nunca nadie supo nada…”. Es la maldición “mexa” (abreviatura que usan los millennials y centennials para referirse al estilo de vida, cultura e identidad mexicana).

Ante un hecho de alto impacto, la respuesta oficial siempre es un encogimiento de hombros, un silencio cómplice, una verdad histórica o la cínica frase de “evitar caer en la provocación”.

La pregunta que revienta es, ¿en serio, nadie vio venir a ese grupo de más de 350 personas? ¿Los servicios de inteligencia de la capital y federal (si existen) no alertaron de su presencia, de su plan violento ? ¿O peor, decidieron mirar hacia otro lado, o de plano las vallas metálicas con las que “blindan” Palacio Nacional no les permite ver nada?

Las autoridades argumentaron que no quisieron caer en la provocación. Lo entiendo. La violencia se combate con inteligencia y no con más violencia. Pero, ¿es la no provocación sinónimo de omisión? Permitir que el saldo de heridos fuera de esa magnitud, que se saqueara con total impunidad, que se atacara a mujeres policías, no es prudencia: es un descuido criminal de la seguridad. ¿Por qué, si se conocía la existencia, el número y la intención del bloque negro, no se logró una contención estratégica y, sobre todo, cero detenciones en flagrancia? Dejar que los violentos actúen para luego decir que “se investigará y se castigará” es un guion que los ciudadanos ya nos sabemos de memoria y que sólo alimenta el monstruo de la impunidad.

El vandalismo y el terror sembrado en el Zócalo capitalino nos obliga a retomar el tema de la impunidad que carcome al país. Es esa maldición mexa del “nunca nadie supo nada” que se aplica a los casos más sensibles de la historia reciente y que, en lugar de cerrarse con justicia, se encapsulan con pretextos y olvido. Nos preguntamos, ¿quién financia a este grupo de choque? ¿Quién está detrás de los rostros encapuchados que actúan con una coordinación estratégica para desestabilizar? La respuesta oficial, por ahora, es el silencio. Un silencio que recuerda a otros expedientes sin cerrar: en el magnicidio de Colosio, el autor material fue capturado, pero ¿quién dio la orden? La versión oficial se desmorona con el tiempo, dejando la sospecha de que los hilos del poder estuvieron involucrados. No se sabe dónde están los cuerpos de los 43 estudiantes desaparecidos, a pesar de los años. Y del 68, los archivos desclasificados apenas revelan las atrocidades, como los “vuelos de la muerte”, pero ¿dónde están los responsables políticos y militares de la matanza?

Si no es por el trabajo incansable y desgarrador de las madres buscadoras, ninguna autoridad se habría dado cuenta de la dimensión de los cementerios clandestinos esparcidos por la geografía nacional. Las familias buscan, el Estado simula.

La impunidad del “nunca nadie supo nada” no sólo aplica a los muertos y desaparecidos, sino también a la corrupción y al crimen organizado que se pasea a plena luz. ¿En serio el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López no supo de los presuntos nexos criminales de su jefe de seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez? Es insultante.

Lo ocurrido en la marcha del 2 de octubre es un síntoma más de un Estado que se acostumbró a la ficción. Dicen que tienen el control, pero la realidad demuestra que la violencia de unos cuantos, financiados por quién sabe quién, puede desbordar al cuerpo de seguridad y dejar un rastro de heridos y destrozo sin que haya consecuencias. La única forma de romper la maldición mexa es exigiendo que la omisión de las autoridades tenga un costo, que la impunidad se castigue y que, por una vez, la inteligencia del Estado se use para proteger al ciudadano y no para encubrir los errores o la corrupción de los que están en el poder.

La sociedad mexicana, cansada de ser la víctima silenciada, merece respuestas. No queremos otro caso que se sume al expediente de los misterios nacionales.