Corrupción

El intercambio de dinero por servicios prestados desde la administración pública para facilitar un servicio o un negocio, es una práctica común en la relación existente entre los dueños de la riqueza y los detentadores del poder. En un régimen democrático, los controles establecidos para evitar esa práctica van desde esquemas de vigilancia eficaces y transparentes, hasta el ejercicio de la acción penal contra funcionarios y ciudadanos involucrados en este tráfico ilegal de influencias. En aquellos países donde la ley se aplica tanto a servidores públicos como a individuos y empresas, el índice de corrupción disminuye y el combate a esta práctica se convierte en un elemento cultural de determinada sociedad.

Suecia, Dinamarca, EU o, incluso, países de Latinoamérica como Costa Rica y Chile, lograron incorporar a su ser cotidiano el rechazo a la práctica de la corrupción como una forma de redistribución arbitraria y voraz de los recursos entre los dueños del dinero y los del gobierno. Los escándalos de corrupción en estos países son eso: escándalos que hacen sonar las alarmas de sociedad y gobierno para castigar a los culpables y evitar que el fenómeno se repita.

No es éste el caso de México, en donde la corrupción fue inherente al presidencialismo absoluto del régimen de la Revolución, y que no se resolvió de manera automática al transitar al modelo democrático que vivimos desde hace casi dos décadas. Los controles impuestos al Ejecutivo federal para evitar que el Presidente siguiera manejando el presupuesto nacional desde el centro del país, consiguieron disminuir de manera efectiva los altos niveles de corrupción en esa área, pero no en los estados de la República y mucho menos en las delegaciones políticas del DF.

La reducción del poder presidencial y su traslado a los gobernadores de los estados, produjo un incremento de la corrupción tanto en las cantidades robadas, como en los mecanismos de apropiación de recursos públicos en manos de los  virreyes estatales. Receptores de los beneficios de un petróleo caro y de la posibilidad de dilapidar el dinero sin rendir cuentas ante autoridad alguna, gobernadores como Humberto Moreira llegaron al extremo de endeudar a su estado para saquearlo de forma inmisericorde.

Si en el México autoritario la corrupción era el aceite del sistema distribuido bajo el control del Presidente, en el contexto de una democracia inacabada se presenta como un cáncer que destruye cualquier avance en la calidad de vida de los mexicanos. La enorme cantidad de recursos ilegítimos que terminan en manos de políticos e individuos vinculados al negocio del intercambio de favores y privilegios, explica en parte el enorme atraso existente en entidades donde los millones y millones de pesos inyectados desde el centro terminaron en manos del binomio poder – dinero.

Oaxaca, Guerrero, Chiapas entre otros, han recibido carretadas de dinero en los últimos 20 años sin que hayan modificado de manera alguna la condición de miseria de muchos de sus habitantes. El reparto de los recursos públicos para fomentar el “capitalismo de cuates” es un factor imprescindible para explicar el porqué de la imposibilidad de superar el atraso y la pobreza a pesar de la inyección monetaria aplicada a esas entidades en programas de distinto tipo. No hay posibilidad de hacer compatible la corrupción con el desarrollo integral de un país.

Más allá de cuestiones éticas que justifican el combate a este fenómeno, el problema radica en la imposibilidad de cambiar la realidad nacional mientras el servidor público esté comprometido con enriquecerse ilícitamente de la mano de sus amigos del sector privado.

                Twitter @ezshabot