Inflación

Una de las peores experiencias económicas que vivió México en el siglo pasado fue el disparo de la inflación, primero en el sexenio de Echeverría y luego durante la administración de Miguel de la Madrid a consecuencia del desastre heredado por la irresponsabilidad de López Portillo. Entre 1983 y 1989 la inflación llegó a tocar niveles históricos, por encima de 100%, haciendo pedazos no sólo el valor de la moneda, sino también el salario de los trabajadores, sus pensiones y la economía formal, que fue sustituida, en su mayoría, por el mundo de la informalidad, lo que destruyó una buena parte de la planta productiva nacional. Fueron los tiempos buenos para especuladores y grandes capitales capaces de obtener ganancias extraordinarias por disponer del privilegio de subir precios a una mayor velocidad que los ingresos.

En 1994, la guerra desatada ese año por el crimen organizado y los asesinatos políticos que cimbraron la estructura del país, aunado a los desaciertos en el traspaso del poder presidencial en el famoso error de diciembre, nos regresaron al pasado inflacionario generador de pobreza e informalidad. A partir de ese momento la clase política mexicana comprendió que era indispensable controlar el alza de precios como requisito previo para cualquier alternativa económica de izquierda o derecha. La tentación por crecer con inflación fue eliminada del lenguaje político mexicano, puesto que sus resultados provocaron  siempre mayor daño en el mediano plazo que los beneficios obtenidos con alzas salariales insuficientes para resarcir el poder adquisitivo de trabajadores y clases medias.

La tendencia a la baja inflación con un mediocre crecimiento promedio de 2 a 2.5% anual a partir de 1997 fue suficiente para engrosar el crecimiento de una clase media con poder adquisitivo al alza y una disminución del costo de productos y servicios por efectos del avance tecnológico. Fue precisamente el miedo a perder lo alcanzado lo que favoreció el voto destinado a evitar que López Obrador llegase al poder en 2006 por parte de clases medias aterrorizadas por un modelo populista que incluso en esa época contaba con un enorme electorado dispuesto a apostar por un rápido crecimiento, aunque sin sostén económico en el mediano plazo.

Las reformas aprobadas en este sexenio han roto buena parte de los obstáculos impuestos por las grandes concentraciones de capital y, aunque el crecimiento acelerado no se ha conseguido todavía, el mercado interno y el de exportación han venido expandiéndose de manera significativa, principalmente en aquellos estados donde la confluencia de seguridad, infraestructura y certeza jurídica han abierto el camino a la inversión nacional y extranjera. Este aumento de la competencia en bienes y servicios, junto con la caída del precio de las materias primas, ha hecho que la inflación llegue a mínimos históricos, apenas arriba de dos por ciento.

La devaluación del peso frente al dólar no ha generado, hasta el momento, presiones inflacionarias debido a la caída en los precios de materias primas y a que se trata de un fenómeno no atribuible a desequilibrios en las cuentas públicas del país. El aumento del salario real ha incrementado los niveles de consumo con independencia de la disminución de la productividad, que sigue siendo un tema no resuelto para la economía mexicana. La creación de empleos se presenta como parte del círculo virtuoso, siempre y cuando el poder adquisitivo se mantenga en ascenso y la baja inflación sea la llave para garantizar ingresos reales y no engaños de políticos que suben los salarios por decreto. Aumentar la competitividad y crecer con estabilidad de precios es lo que permitirá sacar de la pobreza a millones de mexicanos y elevar la calidad de vida de aquellos que trabajan y pagan impuestos.

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