Dejar de prohibir

La legislación electoral mexicana ha partido siempre del principio de la desconfianza existente entre todos los actores políticos participantes. La historia de fraudes electorales durante toda la época del priismo hegemónico, obligaba a los demócratas a tratar de cerrar, una y otra vez, aquellos resquicios por donde se colaba, una y otra vez, la trampa que permitía anular la voluntad ciudadana. Las distintas reformas electorales fueron añadiendo cada vez más restricciones, primero a los políticos y luego a los empresarios, en ese intento por regular el poder y el dinero en los procesos electorales. Y como en todo modelo que tiende a regular mercado y Estado, el problema radica en la sintonía fina que produce equilibrios funcionales.

Primero fue importante amarrarles las manos al Presidente de la República y a sus funcionarios cercanos, para evitar condiciones inequitativas en la contienda, tanto a través del flujo de recursos como en la aparición del primer mandatario y los programas de gobierno en medios de difusión masiva. Esas restricciones no pudieron hacerse extensivas a los gobernadores de las distintas entidades federativas, lo  que sigue siendo una asignatura pendiente para la democracia mexicana. Durante la disputada elección de 2006, la presencia del sector empresarial, mayoritariamente opuesto a López Obrador, abrió el debate sobre la necesidad de regular el dinero presente en las campañas, lo que terminó siendo aceptado por toda la clase política.

El fenómeno de una elección competida y las carretadas de dinero metidas en radio y televisión, hicieron girar 180 grados la legislación electoral en 2007, al prohibir la compra de espacios en medios electrónicos y asignar tiempos oficiales para la difusión de spots de los partidos políticos. El resultado de esta sobrerregulación no pudo ser más contraproducente. Tanto en la elección de 2012 como en la intermedia de este año, los spots electrónicos sólo saturaron a la ciudadanía sin generar debate alguno, mientras los partidos siguieron contando con enormes recursos públicos que no se podían usar directamente en la compra de publicidad,  pero que sí encontraron canales paralelos para entrar a televisión y radio de manera subterránea.

Y si a esto le añadimos las grandes cantidades de  dinero privado provenientes de todo tipo de fuentes, desde recursos evadidos del fisco hasta flujos del crimen organizado, queda claro que la sobrerregulación en el manejo económico de las campañas ha sido peor que la situación anterior a la emisión de estas disposiciones legales. La simulación se ha convertido en la forma más efectiva de defender el esquema prohibicionista de la legislación electoral mexicana. Cerrar los ojos ante el dinero que circula durante las campañas en medios de comunicación y otras áreas vitales para ganar elecciones, no hará desaparecer los efectos nocivos de su penetración en los partidos.

Flexibilizar la prohibición para comprar tiempos en radio y televisión, aunado a una mayor injerencia del SAT en la fiscalización de los recursos provenientes de donadores privados, permitiría supervisar de manera más efectiva la ruta del dinero en las campañas. Obligar a los partidos políticos a rendir cuentas sobre sus apoyos privados y reducir sustancialmente el financiamiento público, forzaría a estos institutos a planear estrategias de campaña muy diferentes a las hasta ahora desarrolladas, y reduciría significativamente la necesidad de grandes cantidades de dinero público como hasta ahora.

Seguir prohibiendo las actividades de los políticos o encubriendo sus fuentes de financiamiento, irá ampliando la opacidad de las campañas y fortalecerá el mercado paralelo, donde el dinero triunfa sobre la política.

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