Gobernadores

En las épocas del presidencialismo absoluto, los gobernadores de los estados no eran más que jefes de una entidad subordinados totalmente a la voluntad del mandatario en turno. El concepto de federalismo era, al igual que la democracia electoral, una formalidad más para darle legitimidad a un sistema autoritario de sucesión sexenal, en donde la palabra del Presidente era la única que se escuchaba y se obedecía. De hecho los gobernadores eran políticos de segunda fila, ya que los potencialmente presidenciables se ubicaban en el gabinete federal, y la aspiración de un gobernador era poder entrar al primer círculo desde donde el monarca sexenal podía considerarlo para su sucesión.

La transición democrática mexicana partió del principio según el cual la disminución del poder presidencial era una condición indispensable para equilibrar los poderes y acotar la fuerza de un primer mandatario capaz de hacer y deshacer a su gusto. El grave error de este proceso fue la falta de una visión de estado que construyese un andamiaje legal que le diera sustento al nuevo pacto democrático. Como consecuencia, el poder perdido por la presidencia se distribuyó de manera irregular en un Congreso sin incentivos para legislar, y gobernadores que se convirtieron rápidamente en virreyes autónomos con enormes recursos y sin la necesidad de rendir cuentas.

Esta situación mantenida intacta durante los sexenios de Fox y Calderón, no sólo produjo saqueos descomunales como el de Humberto Moreira en Coahuila, o el de Andrés Granier en Tabasco, sino que incidió significativamente en el tema de la inseguridad, desde el momento en que estos virreyes se desentendieron de esta responsabilidad, y en el peor de los casos se convirtieron en socios de los criminales de manera casi abierta y transparente. Los casos de Michoacán con Leonel Godoy y Fausto Vallejo, o de Marco Antonio Adame en Morelos y el de Ángel Aguirre en Guerrero  y otros más, sólo demuestran el grado de descomposición que el llamado federalismo mexicano generó en la etapa de democratización nacional.

Las nuevas disposiciones adoptadas por el Congreso de la Unión que obligan a los gobernadores a reportar el destino que tengan las participaciones federales, podrán ser un disuasivo para su voracidad, únicamente si implican sanciones efectivas que los dañen política y económicamente e incluso puedan llevarlos a prisión. La impunidad con la que estos virreyes han actuado ha llegado a poner en peligro la seguridad nacional y también la estabilidad económica ante el aumento descomunal de una deuda a veces injustificada e inexplicable.

El problema no es sólo tratar de amarrarles las manos a los gobernadores y amenazarlos con la cárcel, sino conseguir que se establezcan los mecanismos institucionales para que existan contrapesos reales al poder sin límites de los mandatarios estatales. Por lo pronto, la única forma de lidiar con los virreyes radica en la capacidad del gobierno federal de presionar con los recursos a entregar a las distintas entidades a través de la Secretaría de Hacienda, y a partir del establecimiento de alianzas políticas que los obliguen a coordinarse con las fuerzas federales en todas sus ramas.

Hoy, la centralización se ha convertido en la solución a todas las deficiencias de los estados. Desde educación hasta seguridad, pasando por el rescate económico después de haber sido saqueados por sus propios gobernantes. Este esquema no se sostiene más, por lo que es indispensable un nuevo modelo político e impositivo que obligue a los gobernadores a cumplir con aquello para lo que fueron elegidos. Se trata de gobernar y no de vivir a costa de un poder federal y de los impuestos de todos los mexicanos. Ni más ni menos.

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