Pobreza y empleo

En el debate sobre cómo combatir la pobreza, los distintos enfoques coinciden en un punto central. Creación de empleos calificados que impulsen una mayor competencia y, a su vez, redistribuyan ingreso en una sociedad capaz de romper con el atraso provocado por políticas asistencialistas cuya ineficacia ha sido demostrada en un sinnúmero de ocasiones. Países asiáticos como Corea del Sur y Japón, destruidos durante la Segunda Guerra Mundial, reconstruyeron sus modelos de desarrollo a partir de la generación de empleo con alto valor agregado, lo que, paulatinamente, los sacó de la miseria producida por la guerra y sus propias estructuras sociales anacrónicas.

Las experiencias latinoamericanas fracasaron una y otra vez al suponer que modelos de control estatal, alto gasto público y programas de asistencia social servirían como mecanismo para combatir la pobreza. La propia experiencia socialista  cubana, basada en la producción de azúcar y un alto nivel de concentración de poder y mercado en manos del Estado, terminaron por empobrecer a millones de cubanos, más aun después de la desaparición de la Unión Soviética, su principal patrocinador en todos sentidos.

Los populismos latinoamericanos demostraron su insolvencia y las políticas de instrumentación de programas asistenciales terminaron, en el mejor de los casos, por evitar la muerte por hambre de millones de pobres, pero no la superación de su condición de miseria. En México, la puesta en marcha del modelo Progresa-Oportunidades-Prospera pretendió convertir un programa de asistencia en otro de superación de la pobreza por la vía de políticas impulsoras del cambio, como la instrumentación de programas que conectaran la ayuda económica con la educación y el trabajo mismo.

Sin embargo, la realidad socioeconómica de entidades como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas no permitió que el cambio fuese posible. Miles de millones de pesos se invirtieron en este concepto de impulso a la superación de la pobreza por la vía de la educación, salud y empleo. El atraso, la inseguridad generada por la presencia del crimen organizado en todas sus formas y un crecimiento nulo y hasta negativo de la economía de subsistencia, aunado a la corrupción y caciquismo locales, han llevado a la ruina a estos estados inundados de dinero y de ladrones.

La creación de las llamadas “zonas económicas especiales” tiene como objetivo explotar, a través de algunos puertos de estas entidades, un nuevo polo de desarrollo que atraiga a inversionistas para construir economías alternativas a las hasta ahora generadoras únicamente de riqueza a través de los servicios turísticos y el desembarco de mercancías. La idea parece razonable, siempre y cuando sean autoridades federales las que instrumenten el proyecto y cuenten con la fuerza necesaria al enfrentar desde gobernadores y presidentes municipales, hasta los grandes cárteles del crimen organizado acostumbrados a lucrar con la miseria de la gente.

Esto, por supuesto, obliga a cambiar la forma de percibir las economías regionales, productoras de bienes agropecuarios en modelos de autoconsumo que únicamente enriquecen a liderazgos locales y políticos insaciables en su ambición por el enriquecimiento a través del erario. Se trata de combatir la corrupción y la delincuencia, pero también de romper con la línea de pobreza derivada de dedicarse a la agricultura y a la ganadería de manera improductiva y sin posibilidades de superación alguna. Cambiar de mentalidad, pero también de liderazgos y opciones que les permitan salir de la pobreza al dedicarse al trabajo productivo y bien remunerado. No hay de otra, a menos que estemos dispuestos a seguir financiando a bandidos disfrazados de líderes sociales poseedores de riqueza generada a partir de la pobreza de otros.

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