La verdad

Definida la verdad como “todo aquello en calidad de que existe”, la posibilidad de llegar a ella cuando se trata de hechos donde se involucran, necesariamente, relaciones entre seres humanos, se limita en función de la subjetividad existente en ese ámbito. A diferencia del mundo de las ciencias naturales, donde los hechos tienen una validez más precisa, en el espacio de las ciencias sociales la presencia de la voluntad humana trastoca el conocimiento científico. No quiere decir esto que se pueden inventar realidades, sino que éstas son interpretadas en función de intereses de uno u otro grupo. La objetividad en ciencias sociales radica en definir las subjetividades del investigador y limitar con ello el alcance de la verdad obtenida.

En el caso de los desaparecidos de Iguala hay hechos que son incontrovertibles: la acción de los policías municipales y las órdenes enviadas por Abarca y sus secuaces, así como la confesión expresa de los criminales en el sentido expreso de mandar asesinar a los estudiantes y quemar sus cuerpos. La presencia de restos de, al menos, dos muchachos cremados y sus cenizas esparcidas en el tiradero de Cocula son también verdades incuestionables. Las variables de narcotráfico y pugna entre Los Rojos y Guerreros Unidos abonan a la hipótesis de un crimen masivo ordenado expresamente por las autoridades municipales de Iguala.

El resto de la investigación es una mezcolanza de complicidades políticas e intentos fallidos de llegar a una negociación entre los involucrados en la muerte de los jóvenes. Ahí está el PRD de Nueva Izquierda impulsor de los Abarca, ajustando cuentas con López Obrador y Lázaro Mazón coparticipes del encumbramiento de este matrimonio dedicado al enriquecimiento propio y a la protección de uno de los grupos de criminales. El lodazal en la izquierda no tiene límites y se presenta como uno de los factores que influyen en la actual crisis de dirección del partido.

También aparece como un hecho irrefutable la responsabilidad del entonces gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien intentó infructuosamente ocultar lo ocurrido en función de sus alianzas con grupos criminales, lo que ha sido una constante en distintas administraciones guerrerenses. La tardanza en la intervención del gobierno federal y los errores propios de una investigación ya manoseada al momento de que la PGR toma las riendas del caso, terminaron por servir de argumento para trasladar a Peña Nieto el costo político de un crimen producido en las entrañas del sistema político guerrerense, y que produjo la salida de Aguirre, pero no su enjuiciamiento como responsable verdadero de la acción de los asesinos y el intento de encubrir la investigación durante los primeros días.

Los líderes políticos de la Normal de Ayotzinapa, comprometidos con el ideario del marxismo leninismo, aprovechan el evento trágico para generar las condiciones que conduzcan a un proceso revolucionario cuyo objetivo es el derrocamiento del gobierno y la instauración de la dictadura del proletariado. Si en el camino se topan con criminales que por diversas razones los consideren aliados potenciales, no importa, el fin justifica los medios. El error del gobierno federal es suponer que en algún momento las dos narrativas de lo ocurrido pueden coincidir en un punto y llegar así a una verdad que satisfaga a todas las partes.

Los padres de los normalistas siguen esperando encontrar vivos a sus hijos, lo que es prácticamente imposible, mientras que sus dirigentes quieren mantener viva  la llama del mito de “ los desaparecidos de Ayotzinapa víctimas de un crimen de estado” como parte de la estrategia revolucionaria, y el gobierno de Peña demostrar que hizo lo correcto durante todo el proceso. Estas intenciones no son compatibles con un concepto de verdad histórica.

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