Tragedias de migrantes
El antecedente reciente más conocido acerca de condiciones laborales infrahumanas es el referente a Qatar. Abundaron las pruebas de decenas de miles de casos de abusos laborales, pésimas condiciones de trabajo y cifras abultadas de fallecidos, según lo reportaron en su momento diversas organizaciones de derechos humanos.
Múltiples son los enemigos de quienes en condiciones precarias buscan migrar para salvar o mejorar sus vidas y las de sus familias. Ante la desesperación por encontrar un espacio que les permita conseguirlo, enfrentan el desafío de enfermedades, persecuciones, climas adversos, agotamiento y desde luego, el flagelo del crimen organizado. También el agua y el fuego han formado parte del historial trágico de oleadas de migrantes. El Mediterráneo se ha tragado a miles de quienes han buscado llegar a costas europeas, y el fuego fue, en el caso de migrantes de Centro y Sudamérica, el que devoró a cerca de 40 hombres hacinados en un centro de procesamiento de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, en marzo de 2023. Tal instalación era administrada por el Instituto Nacional de Migración y, hasta la fecha, presuntos responsables de la tragedia siguen impunes.
Un horror similar al acontecido en Ciudad Juárez acaba de registrarse en Kuwait, rico país árabe petrolero del Golfo Pérsico. Un cortocircuito en un dormitorio para trabajadores migrantes generó un incendio en el que perecieron más de 50 hombres, todos ellos provenientes de India, en especial del estado hindú de Kerala, punto de embarcación frecuente para llegar a los países del Golfo en los que aspiran a percibir salarios más dignos. Hay acusaciones de negligencia acerca de las medidas de seguridad a las que están obligados contratistas y dueños de la instalación y, por lo pronto, hay un par de individuos sujetos a investigación. Un millón de hindúes se hallan actualmente en Kuwait, representando 30% de la fuerza de trabajo de ese país.
Este penoso incidente ha puesto una vez más sobre la mesa las condiciones precarias en las que vive la población trabajadora migrante en las naciones del Golfo donde los empleadores han sido frecuentemente acusados de sobrexplotación, robos, contratos leoninos y discriminación racial. El investigador del Instituto Internacional de Migración y Desarrollo en Kerala declaró al medio Al Monitor, que: “Aun cuando algunos países del Golfo están intentando reformar ciertas leyes laborales, muchos siguen violándolas”. Ésa es la realidad común en los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo, que en conjunto emplean a 30 millones de trabajadores migrantes.
El antecedente reciente más conocido acerca de condiciones laborales infrahumanas es el referente a Qatar, uno de esos seis países. Como sede del campeonato mundial de futbol de 2022 tuvo que emplear a cerca de dos millones de trabajadores provenientes de los estratos más empobrecidos de India, Bangladesh, Nepal, Kenia y Filipinas para construir estadios e infraestructura turística. Por más que las autoridades cataríes intentaron ocultar la realidad, abundaron las pruebas de decenas de miles de casos de abusos laborales, pésimas condiciones de trabajo y cifras abultadas de fallecidos, según lo reportaron en su momento diversas organizaciones de derechos humanos.
El instrumento al que se recurre en esos países para poder explotar de esa manera a la mano de obra foránea es todo un sistema denominado kafala, palabra que en árabe significa garantizar. Se trata del siguiente mecanismo: los trabajadores no pueden entrar al país u obtener una visa a menos que tengan un patrocinio de un empleador. Éste tiene la facultad de tratar a la persona como se le venga en gana y de poder cancelarle en cualquier momento el permiso de residencia dejando al trabajador en calidad de ilegal y con riesgo de deportación. Por otra parte, el trabajador no puede cambiar de trabajo ni abandonar el país sin permiso del empleador. De esa manera, queda atrapado en una telaraña de muy probables abusos, de los cuales le es imposible escapar.
Es cierto que las remesas que esos millones de trabajadores envían a sus familias en sus países de origen alivian sustancialmente las respectivas economías particulares y nacionales, pero también es cierto que las vidas perdidas y la explotación brutal a la que esa mano de obra está sometida merecen ser objeto de una mayor atención por parte de los organismos internacionales encargados de defender los derechos humanos. Se trata, ni más ni menos, de la peculiar modalidad de la esclavitud del siglo XXI, que no difiere mucho del esclavismo de siglos previos en cuanto a su crueldad y su inmisericorde trato a poblaciones vulnerables.