Irán: pena de muerte en auge

Las dictaduras son adictas a reprimir las voces disidentes que se atreven a cuestionar el establishment dentro del cual su poder es ilimitado, prácticamente sin contrapeso. Para quienes critican o protestan, la mano dura es la respuesta. Los mecanismos para controlar y silenciar pueden ser, desde brutalidad policíaca o militar contra quienes participan en manifestaciones callejeras, hasta aprehensiones, tortura, largos encarcelamientos, desapariciones e, incluso, pena de muerte impuesta desde los tribunales. Los ejemplos abundan, tanto del pasado como del presente.

Este prefacio viene a colación por lo que se ha dado en Irán, década tras década, como estrategia para preservar vigente el gobierno teocrático de los ayatolas, con sus prácticas ajenas al respeto a los derechos humanos y cargadas de misoginia. Porque ahí la pena de muerte sigue siendo aplicada inclementemente, ya sea contra delincuentes comunes o contra disidentes políticos, bajo la justificación de que el régimen posee una legitimidad de origen divino. En otras palabras, cuestionar el poder del liderazgo religioso dominante, equivale a transgredir mandatos de Dios. Por ende, la sanción resulta justa y más que merecida. 

El más reciente caso es el del campeón de box iraní Mohammad Javad Vafaei-Sani, de 27 años, condenado a muerte por haber participado en 2019 en protestas sociales contra la elevación del precio de los combustibles, que derivaron en disturbios antigubernamentales. El boxeador fue arrestado en 2020, acusado de actos vandálicos en las mencionadas protestas, por lo cual fue sentenciado a la pena capital a principios del año pasado.

Ante la inminencia de la ejecución de la pena, un grupo de expertos en derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y personalidades laureadas con el Premio Nobel, enviaron hace unos días al alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Volker Türk, una carta para que ejerza sus oficios ante las autoridades iraníes a fin de que se cancele la ejecución del atleta. Grupos de oposición locales que operan en la clandestinidad alegan, además, que el acusado fue sometido a torturas durante sus interrogatorios.

Este boxeador no es el primer atleta que enfrenta una condena a muerte. En septiembre de 2020 fue ejecutado el campeón iraní de lucha, Navid Afkari, también de 27 años de edad, quien, de acuerdo con Human Rights Watch, fue torturado para que confesara haber matado a un guardia de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales de 2018. La persistencia de las protestas detonadas a partir del asesinato de Mahsa Amini en septiembre pasado han producido una escalada de condenas a muerte dictaminadas contra participantes de esas congregaciones multitudinarias, indignados por la violencia policíaca hacia la joven Amini, quien presuntamente tenía mal puesto el velo que debía cubrir su cabellera. De acuerdo con la organización Irán Derechos Humanos —con base en Oslo—, tan sólo en este año 404 personas han sido ejecutadas, mientras que en 2022 lo fueron 582. Estas altas cifras le dan al país persa el segundo lugar en el mundo en cuanto a ejecuciones judiciales, tan sólo después de China, primer lugar de acuerdo con datos de Amnistía Internacional. Los siguientes tres lugares los ocupan Arabia Saudita, Irak y Egipto.

Ya desde mayo pasado, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, había expresado su alarma ante el elevado número de ejecuciones. Según sus declaraciones, un promedio de diez personas es ejecutado cada semana. Como ocurre en varios países que aplican la pena capital, la mayor parte de los casos son de personas que pertenecen a alguna minoría. En Irán, los miembros de la minoría baluch o de la bahaí, no sólo se enfrentan a una cruel discriminación social avalada por el Estado, sino que también se encuentran en cantidad desproporcionada entre las víctimas del sistema penal. El tráfico de drogas y la blasfemia constituyen acusaciones que contribuyen a la imposición de la pena de muerte.

La intención intimidatoria de estas prácticas jurídicas es evidente. Muchas de las ejecuciones mediante ahorcamientos se montan en la plaza pública, como en el medioevo. Que los ciudadanos observen el horror del procedimiento forma parte de la premisa de la que parte el régimen para perdurar: amedrentar, a fin de evitar la pérdida del férreo control que ejerce. Es así como en pleno siglo XXI persisten, en buena cantidad de países, escenas típicas de épocas inquisitoriales y de cacerías de brujas. La modernidad, con el concepto de derechos humanos que la acompaña, dista mucho todavía de eliminar el salvajismo y la barbarie que forman parte de manera natural de las tiranías.