EU y Egipto: toma y daca

La congruencia ideológica no es capaz de prevalecer siempre. Más bien, difícilmente sobrevive ante escenarios políticos en los que se vuelve necesario sacrificarla en aras de un pragmatismo que impone irremediablemente su reinado. Ejemplo claro de ello ha sido la relación de la administración de Joe Biden con Arabia Saudita. Cuando ésta sucedió a la presidencia de Donald Trump en 2020, la consigna fue que el reino saudita no sería considerado más un aliado confiable de EU, sino que pasaba a ser una nación de alguna manera non grata en función de su perfil marcado por prácticas violatorias de los derechos humanos en grado extremo.

No pasó mucho tiempo para que imperativos de índole pragmática borraran la política que Biden y su Secretaría de Estado habían previsto en un principio para la relación con Riad. Ante las necesidades de contar con un bloque sólido para contrarrestar las ambiciones hegemónicas de Irán y sus proxys en la región de Oriente Medio, Washington cambió de rumbo y optó por hacerse de la vista gorda ante el mantenimiento de las prácticas represivas internas del régimen saudita, con tal de que éste se sumara a la campaña para impedir que Teherán y sus socios lograran sus objetivos. Incluso —y las numerosas visitas de Antony Blinken a Arabia así lo demuestran— se ha empeñado tenazmente en gestionar la normalización de las relaciones entre Riad e Israel. En síntesis, se anularon muy pronto las presiones que en etapas previas había ejercido el gobierno norteamericano para obligar a la monarquía saudita a adoptar prácticas más afines a principios democráticos básicos.

Algo parecido ha estado pasando con Egipto, país que ha sido uno de los mayores receptores de ayuda económica de EU desde los históricos Acuerdos de Campo David en 1978. En aquel entonces, a fin de eliminar las últimas resistencias que el gobierno de Anwar Sadat tenía con respecto a la firma de un acuerdo de paz con Israel, Washington le prometió recursos económicos a manos llenas para que cediera. Y así fue, hasta que en 2014 legisladores norteamericanos intentaron condicionar los mil 300 millones de dólares que se enviaban anualmente como apoyo militar a El Cairo, a que el régimen   encabezado por el presidente Abdel Fatah al-Sisi abandonara muchas de sus prácticas represivas que estaban atentando cada vez más contra derechos humanos elementales de su población.

Pero no fue sino hasta 2021, ya con Biden como presidente, que las amenazas se cumplieron, aunque parcialmente. La ayuda no desapareció, pero sí se redujo sensiblemente, pues Washington retuvo cerca de 10% de ella en vista de que la situación de los derechos humanos no mejoraba. Periodistas, disidentes políticos y artistas con posiciones críticas eran y siguen siendo reprimidos, encarcelados y desaparecidos, y las cifras de esas prácticas van en aumento. El Middle East Democracy Center acaba de reportar que el número de arrestos por motivos políticos ha superado con creces al de liberaciones. A lo largo de 2023 salieron de prisión 970 presos políticos, al tiempo que se arrestó a otras dos mil 278 personas bajo acusaciones similares. En ese contexto, era esperable que las presiones económicas de Washington continuaran.

Sin embargo, ello no ha sido así. Para decepción de los defensores de los derechos humanos, el miércoles pasado el Departamento de Estado notificó su decisión de liberar los 320 millones de dólares de ayuda que se le retenían a Egipto. ¿El motivo? El País del Nilo se ha vuelto factor central en la negociación entre Israel y Hamás a fin de llegar a un alto al fuego, gestionar la liberación de los rehenes, proseguir con la entrega de ayuda humanitaria a la población civil de Gaza y cooperar en los arreglos futuros que será necesario implementar en la Franja cuando la guerra termine.

Desde luego que para el régimen del presidente al-Sisi se trata de una buena noticia, sobre todo porque sus aprietos económicos se habían agravado desde que comenzó la guerra Hamás-Israel, tan cerca de su frontera, y con los daños derivados de la caída del turismo y la parálisis en el Canal de Suez debida a los ataques navales de los hutíes. Como en el caso de Arabia Saudita, una vez más la defensa y promoción de los derechos humanos fueron marginadas ante otras prioridades del momento que se impusieron irremediablemente. Sin duda cambios tristes y lamentables, pero muy comunes en la política.