Dos reformas judiciales, un mismo objetivo
Cuando las riendas del gobierno quedaron en manos de una coalición encabezada por Benjamín Netanyahu estalló un cataclismo nacional a partir de la intención de ese gobierno de destruir uno de los más importantes contrapesos políticos que habían hecho posible durante siete décadas y media que Israel funcionara como una democracia eficientemente aceitada.
El término en sí mismo no tiene carga valorativa. Reformar significa dar nueva forma, así de simple. Cuando se trata de reformar el aparato judicial de una nación, los cambios pretendidos bien pueden apuntar hacía mejorías necesarias para lograr mayor eficiencia en la impartición de justicia que supere desde luego a la que le antecedió, pero también hay la posibilidad de que los objetivos puedan tener que ver con el intento de someter a dicho aparato a la voluntad y al control de un partido político o un poder caudillesco.
Al comparar procesos de reformas judiciales de distintos lugares y tiempos, las diferencias entre ellas son siempre significativas, puesto que parten de realidades específicas difícilmente homologables. Sin embargo, resulta notable cómo cuando gobiernos populistas con claras pretensiones de concentrar poder y eliminar los contrapesos que les estorban deciden emprender reformas judiciales, las maniobras a las que recurren para alcanzar sus fines son bastante parecidas.
Hoy que en México presenciamos a la nueva legislatura de Morena, borracha de poder, armando mediante su propuesta de reforma judicial el golpe destinado a implantar un cambio de régimen que instaure en el país una autocracia con la vía libre para hacer lo que le venga en gana, eternizarse en el poder y moldearlo a su imagen y semejanza, viene a la mente una intentona similar que cimbró a otra nación, Israel, entre enero y octubre de 2023. En ese lapso, cuando las riendas del gobierno quedaron en manos de una coalición encabezada por Benjamín Netanyahu e integrada totalmente por partidos de ultraderecha nacionalista y religiosa extrema, estalló un cataclismo nacional a partir de la intención de ese gobierno de destruir uno de los más importantes contrapesos políticos que habían hecho posible durante siete décadas y media que Israel funcionara como una democracia eficientemente aceitada.
La fórmula de ese gobierno populista consistió en implementar –igual que aquí– una reforma judicial por la que se debilitarían a tal grado las facultades de la Suprema Corte de Justicia, que el Poder Legislativo, mimetizado con el Ejecutivo, podría aprobar lo que se le antojara, sin interferencia alguna del Poder Judicial. Como en Hungría y Turquía, que, habiendo transitado por un proceso similar, vieron destruidas sus prácticas democráticas y liberales, para convertirse en plazas tomadas por los respectivos autócratas actualmente al mando.
En el caso de Israel, la sociedad civil, consciente de lo que se fraguaba, reaccionó de una manera ejemplar. A lo largo de nueve meses salió a la calle los sábados por la noche de todas y cada una de las semanas en protestas multitudinarias. La conciencia de que la reforma en ciernes constituía la sentencia de muerte de la democracia israelí fue lo suficientemente clara como para ejercer las presiones necesarias a fin de ponerla en cuestión e impedir su aprobación fast track. Pero inevitablemente la crispación social, la polarización y el encono entre quienes apoyaban la reforma y los que se le oponían fueron intensos a tal grado, que hay muchos que sostienen, con lógica, que ese ambiente constituyó el caldo de cultivo ideal para que el plan de la organización terrorista Hamás cobrara impulso y prosperara con el resultado infausto de la atroz matanza desatada contra la población israelí el 7 de octubre pasado.
La guerra que se desencadenó a partir de ese día y que aún no concluye detuvo la aprobación de la mentada reforma que, sin embargo, sigue asomándose ominosamente en las voces de figuras clave dentro del gobierno de Netanyahu, que continúa en pie, a pesar del desastre que impera y del que ha sido en buena parte responsable.
Al menos dos conclusiones pueden extraerse de lo anteriormente expuesto. La primera, que no cabe duda que las pretendidas reformas judiciales en México y en Israel apuntan al mismo fin: la concentración absoluta del poder en manos de quienes proponen la reforma a través de la cual instalar un régimen no democrático, populista e iliberal. La segunda, que sólo la movilización ciudadana, consciente de lo que se fragua, es la fuerza capaz de conjurar ese proyecto reaccionario y sumamente peligroso. De no conseguirlo, estaremos entrando en tiempos oscuros que México y los mexicanos no nos merecemos y lamentaremos por generaciones.