Venezuela: transición y choque de poderes

El pasado martes se instaló la Asamblea Nacional en Venezuela, y el dirigente de Acción Democrática, Henry Ramos, juramentó como su presidente. Por primera vez en 17 años, la oposición antichavista tiene mayoría, incluso, calificada, ya que obtuvo los 112 diputados necesarios, aunque el Tribunal Supremo de Justicia tiene en suspenso la investidura de cuatro representantes (tres opositores) del estado de Amazonas, cuya elección fue impugnada por los oficialistas.

La sesión inaugural estuvo encendida, especialmente, por los anuncios de la nueva mayoría. Ramos informó que en seis meses se implementará un mecanismo “para cambiar de gobierno”, y Julio Borges, de Primero Justicia, adelantó que se aprobará una Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que beneficiará a un centenar de presos políticos.

Al presidente Maduro no le ha quedado de otra que ser cauto. Sorprendió al reconocer su derrota electoral y por sus llamados a sus seguidores para que permitieran la constitución “tranquila y en paz” del parlamento, y a las Fuerzas Armadas para que garantizaran el orden. Esta cautela no es gratuita, ya que responde a dos razones: una de ellas, relativa a los “ases en la manga” que Maduro tiene para impedir la caída del régimen y, la otra, a la situación de debilidad gubernamental.

Cuesta trabajo pensar que los chavistas permitirán el desmantelamiento del régimen bolivariano; no se trata solamente de un cambio de gobierno. Debe recordarse que la revolución bolivariana buscó instaurar “el socialismo del siglo XXI”. Si bien, a la muerte de Hugo Chávez, este malogrado ensayo recibió un golpe casi definitivo, su sucesor Maduro intentó continuarlo y para ello recibió atribuciones para gobernar por decreto, y por esta vía puede anular o vetar leyes, crear un “parlamento paralelo” o, en extremo, declarar el estado de sitio o dar un autogolpe de Estado. Los chavistas dominan el Tribunal Supremo (que puede escamotear la mayoría calificada), el Ejército y los principales órganos del Estado.  De último minuto, Maduro somete al Banco Central a los dictados del gobierno, al grado de que podrá recibir financiamiento ilimitado de aquél sin supervisión parlamentaria, y también está evaluando la posibilidad de un decreto “de emergencia nacional constitucional” para enfrentar la “guerra económica”.

El problema del gobierno es que se encuentra en una situación de debilidad para seguir con las salidas dictatoriales. El precio internacional del crudo se derrumba por debajo de los 30 dólares el barril (la OPEP no baja la producción), su aliado chino entra en crisis y se aísla dentro del Mercosur: a los deseos argentinos, de expulsar a Venezuela del bloque, se suman las advertencias brasileñas de que no se aceptarán “soluciones políticas fuera de la institucionalidad y la democracia”. Aunque la debilidad fundamental es interna: por las divisiones políticas dentro del chavismo y, sobre todo, a la profundización de la crisis económica y social. Según el FMI, la economía se contrajo 10% el año pasado y lo hará otro 6% en 2016. La inflación cerró en 160%, agudizando la carestía y la desesperación de los venezolanos…

La gravedad de Venezuela alienta la polarización política y que imperen los radicales de ambos bandos. Comenzó la transición democrática, pero peligrará si pretende marchar demasiado rápido y si cae en el choque de poderes pretendido por Maduro. Resulta obligado buscar una transición pactada con los chavistas moderados y evitar mayores conflictos que la puedan escamotear.

ENTRETELONES

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