El viernes por la tarde la Secretaría de Hacienda publicó una larga serie de modificaciones a la ley en contra del lavado de dinero que aumentan de una manera muy significativa las obligaciones a todos los intermediarios financieros que realizan actividades calificadas como vulnerables. Básicamente la dependencia que encabeza Edgar Amador establece un calendario para que todos los intermediarios financieros, no sólo quienes forman el sistema financiero, tomen medidas para calificar los riesgos de cada uno de sus clientes y con base en ellos se tomen medidas de información a las autoridades.
Hacienda busca equiparar las obligaciones que tienen los bancos con las que tienen los clientes que realizan obligaciones vulnerables. Se refiere a notarios, agencias de vehículos, joyerías… en general todos aquellos que realicen operaciones en las que hasta hoy hay facilidad para el lavado de dinero. Se busca que las áreas de cumplimiento de los bancos tengan claridad sobre sus clientes que realizan actividades calificadas como vulnerables por la propia autoridad.
REMATE HISTÓRICO
En 2012 HSBC, que es dirigido en México por Jorge Arce, tuvo que enfrentar una acusación del gobierno de Estados Unidos por fallas en controles de los clientes que permitieron que organizaciones criminales pudieran lavar dinero dentro del sistema financiero. El problema fue tan grave que implicó que la institución que encabeza en el mundo Georges Elhedery fuera severamente cuestionada y tuviera que aplicar medidas en México como las que anunció el viernes la SHCP.
REMATE PEQUEÑO
Arturo Ávila, diputado/vocero de Morena, lanzó acusaciones falsas y equivocadas en contra de Margarita Ríos Farjat. Trató de usarla como ejemplo de cómo eran los jueces antes de la reforma al Poder Judicial que permitió la llegada de lo que algunos califican como jueces del acordeón, a pesar de que Ríos Farjat llegó a la SCJN luego de haber tenido una gran trayectoria y destacó especialmente en su puesto previo como jefa del SAT, donde fue nombrada por Andrés Manuel López Obrador. La gran recaudación que se hizo particularmente entre las grandes empresas inició justamente con ella y fue concretada por Raquel Buenrostro.
Fue López Obrador quien la propuso como ministra de la SCJN, pero esperaba que fuera una funcionaria dócil a sus decisiones y no al mandato constitucional que tiene un ministro de la Corte: velar por la constitucionalidad de las leyes. A ella le pasó lo mismo que a Gerardo Esquivel, quien no fue postulado para un segundo periodo como subgobernador de Banxico porque se opuso a un capricho del expresidente.
Ríos Farjat renunció a la liquidación que por ley le correspondía y que, por ejemplo, Arturo Zaldívar sigue cobrando. Ávila critica con falsedad a la exministra, pero no toca con el pétalo de un reproche a su correligionario. El ataque en contra de Ríos Farjat tiene que ver con su contratación como abogada de una firma privada, de la cual le informó hace muchas semanas el PAS, porque dicen “esa firma ha litigado en el sector energético en contra del Estado mexicano”.
De entrada, no viola ninguna ley por ser contratada por una empresa, puesto que cumplió con la ley. En segundo término, el despacho “no litiga en contra del Estado mexicano”, sino a favor de sus clientes. Es fascista tratar de pretender que una persona no se dedique a la profesión legítima para la que se preparó o que una empresa no tenga derecho a tener la mejor defensa de sus intereses legales cuando se siente dañada por decisiones del gobierno. No es en contra del Estado mexicano, es a favor de sus derechos constitucionales.
REMATE TRAZABLE
El Padre del Análisis Superior le recomienda que siga a empresas como Petrolíferos Lobo, que está realizando un gran trabajo para trazar toda la línea de producción de la cadena de petrolíferos que evita que siga creciendo el robo de combustibles, conocido como huachicol fiscal, que es la principal preocupación de la secretaria de Energía, Luz Elena González. Estas acciones de trazabilidad permiten ir descubriendo otros casos graves como uno que podría denominarse como “huachicamarón”: empresas básicamente de Ecuador están importando con declaraciones falsas este producto para hacerlo pasar como camarón mexicano. Firmas como Lobo son particularmente útiles para dependencias como Economía y el SAT para encontrar otras formas de “huachicol”.
REMATE TRANSPARENTE
La Secretaría Anticorrupción está investigando la evolución patrimonial de Saúl Ayala, encargado del Departamento de Conservación y Servicios Generales del IMSS en Coahuila. La evolución patrimonial de este hombre genera sospechas y más cuando se vincula que Ayala Argüello, forma una mancuerna con Gerardo Hernández López Romo y Juan José Valeriano Ibáñez, jefe de Servicios Administrativos y representante del IMSS en Coahuila, respectivamente.