MIAMI, 9 de agosto.– El anuncio de la semana pasada del departamento de Estado y el de Justicia de Estados Unidos contra miembros y beneficiarios del Cártel Jalisco Nueva Generación incluyó nuevas acusaciones penales federales contra altos mandos de la organización calificada como terrorista, ofertas de recompensas superiores a los 100 millones de dólares por ocho líderes, revocación de visas a decenas de familiares y colaboradores, y señalamientos directos de la DEA sobre la presunta protección al grupo por parte de funcionarios corruptos en México. Además, el Departamento de Justicia presentó nuevas imputaciones contra operadores clave, como Gonzalo Mendoza Gaytán, El Sapo, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, vinculados no sólo al narcotráfico, sino a esquemas internacionales de fraude de tiempos compartidos que lavaron cientos de millones de dólares y engañaron o despojaron de sus inmuebles a decenas de legítimos propietarios, muchos de ellos de origen estadunidense.
El anuncio, el más importante contra el CJNG desde la muerte de El Mencho y con una advertencia directa y explícita a las redes políticas de protección y complicidad de los cárteles, se dio al mismo tiempo que se suspendían las inspecciones a la producción de aguacates en Michoacán (un estado donde la narcopolítica alcanza las más altas cotas en el país), causada por la voraz extorsión que, con total impunidad, hacen los criminales a productores y exportadores; obligaba al traslado inmediato de mil 500 elementos del Ejército nacional a ese estado para tratar de recuperar el control y lograr la reanudación de las inspecciones, lo que con límites se logró y, con ello, de las exportaciones, pero también en medio de la crisis interna de Morena en el estado, por la elección de sus candidatos y por las repercusiones políticas que tiene la detención del R1, Ramón Álvarez Ayala y la relación de su hermano Roldán, dirigente de Morena, y ambos sospechosos del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Estados Unidos en las próximas semanas profundizará las medidas económicas y financieras contra los operadores de los cárteles, sus protectores y beneficiarios. No son estas medidas aisladas o tomadas por “duros” sin consentimiento del presidente Trump, como dicen en Palacio Nacional. Son todos pasos consecutivos de una estrategia compleja, amplia, contra los cárteles, las organizaciones de ultraizquierda, los gobiernos bolivarianos, todos ellos empaquetados en las leyes antiterroristas, en la búsqueda de un alineamiento hemisférico que, hay que reconocerlo, se está logrando en todo el continente con extrema eficacia. La mejor demostración es la toma de posesión de Abelardo de la Espriella en Colombia este viernes, donde, por cierto, México brilló por su ausencia. La próxima etapa es Brasil, con elecciones en octubre.
No es tampoco casual que esta ofensiva, que no es una carrera de 100 metros, sino una maratón de presiones establecida desde distintos ámbitos, concentrada en objetivos muy claros, se intensifique cuando se cumplen 100 días de las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza y otros ocho integrantes del gobierno de Sinaloa –dos de los cuales, el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida y el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz se entregaron a la justicia de Estados Unidos y están colaborando con las autoridades–.
Para el gobierno estadunidense es inconcebible que en estos 100 días la única respuesta del gobierno federal haya sido mantener la defensa de los acusados, brindarles protección incluso física y negar la existencia de pruebas contra ellos, mientras en Estados Unidos, en la corte de Nueva York continúan los procesos y la fiscalía del sur de Nueva York profundiza las investigaciones contra por lo menos dos centenares de políticos mexicanos que tienen expedientes abiertos (en muchos casos ya listos para judicializar) en el marco de un maxiproceso contra la narcopolítica mexicana.
La estrategia estadunidense no hace tabla rasa: mantiene la confianza, como ha dicho el embajador Ronald Johnson, en funcionarios como Omar García Harfuch; es notoria la colaboración con el Ejército vía el Comando Norte, y los altos mandos militares de los dos países; mantienen diálogo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pero poco más. Incluso la confianza con la presidenta Sheinbaum se aprecia en los comunicados y en declaraciones de distintos funcionarios del gobierno, incluyendo al propio presidente Trump, no se ha perdido del todo, pero se ha ido diluyendo cada vez más, ante la negativa de detener a políticos con evidentes relaciones con los grupos criminales y su creciente impronta autoritaria.
La exigencia para romper esas redes ha pasado de los comentarios en medios a las declaraciones formales de los más altos funcionarios del gobierno. El hombre que encabezó las investigaciones contra la narcopolítica mexicana, Jay Clayton, pasó de ser el fiscal del sur de Nueva York, a dirigir y coordinar toda la inteligencia de Estados Unidos, es decir las 18 agencias que integran ese sistema.
Mientras tanto, el cerco se cierra por otras vías: el grupo de trabajo encabezado por la CIA en el que participan prácticamente todas las instancias diplomáticas, militares y de seguridad de Estados Unidos para una transición en Cuba explora, además de medidas políticas, militares y económicas, sanciones muy duras para todo país, institución, empresa o individuo que dé respaldo al gobierno castrista. Y la mira de ese grupo de trabajo está puesta, por ende, en México.