La noche del martes 4 de agosto, doña Dominga Pérez Comisario caminaba lentamente por las calles de tierra de la colonia 21 de Marzo, en la junta auxiliar de San Salvador Chachapa, municipio de Amozoc, Puebla. A sus 83 años, cumplidos ese mismo día, se apoyaba en un bastón de madera mientras cargaba la canasta donde solía transportar las cemitas que vendía diariamente para sostenerse. Tras una larga jornada de trabajo, volvía a casa con el producto de sus ventas en el bolsillo: apenas 90 pesos en efectivo.
Unas cámaras de seguridad de la zona registraron la escena previa a la tragedia. En las imágenes se observa a un sujeto de playera blanca, gorra y mochila negra que la seguía sigilosamente a corta distancia. Sin piedad alguna, el agresor la interceptó, la despojó de la poca cantidad de dinero y, lejos de conformarse con el hurto, la golpeó salvajemente en la cabeza con una piedra. La anciana falleció de forma instantánea sobre el suelo a causa de un traumatismo craneoencefálico severo.
Este aberrante suceso no es un hecho aislado, sino una radiografía cruda y dolorosa de la violencia cotidiana que atenaza a México. Durante años, la narrativa oficial del gobierno ha insistido en que la estrategia fundamental para pacificar al país consiste en “atender las causas” de la delincuencia, bajo la premisa de que la pobreza y la falta de oportunidades son los motores exclusivos del crimen. Sin embargo, cabe preguntarse qué causa social, qué carencia económica o qué marginación histórica puede motivar que un individuo decida aplastar el cráneo a una mujer de la tercera edad para arrebatarle 90 pesos. Ninguna teoría sociológica puede explicar ni justificar semejante nivel de degradación humana y desprecio absoluto por la vida. Y ningún programa de transferencias directas lo puede evitar por sí mismo.
El asesinato de doña Dominga expone una verdad incómoda, pero insoslayable, que la clase política se obstina en no ver: en México, la ley simplemente no espanta a nadie. Los criminales operan con la certeza de que la probabilidad de ser capturados, juzgados y sentenciados es casi nula. Cuando el temor al castigo desaparece por completo y la impunidad supera 90 por ciento de los delitos cometidos, el tejido social se degrada hasta permitir que la crueldad más extrema se manifieste por las sumas más insignificantes.
Es un error describir la violencia incontrolada como simple resultado de la desigualdad, pues más bien parece consecuencia directa de un aparato de justicia colapsado que ha dejado de funcionar como elemento disuasorio efectivo frente al delito. Se ha dejado crecer la violencia de tal manera que ésta ya forma parte de la cotidianidad.
Si el país aspira verdaderamente a frenar esta sangría y evitar que historias como la de Amozoc se repitan diariamente, tenemos que empezar a reconocer de una vez por todas que la única vía real es el fortalecimiento del Estado de derecho. Esto exige ir mucho más allá de los discursos políticos de coyuntura e invertir decididamente en la reconstrucción institucional: fortalecer a las fiscalías locales, dotar de recursos y tecnología a las policías municipales, profesionalizar los servicios periciales y garantizar que el sistema judicial aplique sanciones severas e inflexibles a quienes transgreden la norma.
La verdadera prevención de la violencia no radica en la complacencia ni en la justificación ideológica del delito, sino en la convicción de que la ley se cumplirá para todos sin excepción. Sólo cuando se instale en el país una justicia pareja para todos, sin sesgos ni atajos, y se demuestre que el crimen tiene consecuencias reales, podremos ofrecer verdadera seguridad a los ciudadanos más vulnerables y honrar la memoria de las víctimas.
BUSCAPIÉS
Se acusa al exgobernador Ángel Aguirre de obstaculizar la justicia. Si es culpable, que se aplique la sanción que le toca. ¿Pero qué consecuencias habrá para quienes intentaron ocultar cómo y dónde fue asesinado Héctor Melesio Cuén en Sinaloa?