México se encuentra hoy en un punto de inflexión geográfico y social sin precedentes en la historia contemporánea. Somos país de origen, tránsito, destino y retorno de flujos migratorios. Realidad que nos coloca como el tercer país a nivel mundial en solicitudes de refugio; un reto burocrático y también una demanda urgente en las estructuras de nuestros servicios de salud pública.
Detrás de las cifras y los trámites de asilo, el trayecto de la movilidad humana está marcado por la crudeza de sus determinantes estructurales; la pobreza, escasez de agua y alimentos, la falta de vivienda digna y exposición a climas extremos; se suman barreras como el idioma y la falta de documentos de identidad.
Lo anterior no sólo es asunto administrativo, son cuerpos vulnerables ante enfermedades transmisibles, descompensaciones graves por padecimientos crónicos como diabetes e hipertensión, complicaciones obstétricas que ponen en riesgo vidas y un deterioro de la salud mental por el duelo migratorio y las secuelas de la violencia del camino. Ante esta crisis humanitaria, el gobierno de México implementó la Estrategia Nacional y los Lineamientos para la Atención a la Salud de Personas en Contexto de Movilidad Humana.
El objetivo es contundente, asegurar atención integral, equitativa y libre de discriminación, con acceso completo a la salud independiente del estatus migratorio de la persona. Este enfoque responde a una vocación humanista que reconoce la dignidad intrínseca de los individuos. Se trata de brindar a las personas extranjeras en nuestro territorio el trato digno y humano al que aspiramos para nuestros compatriotas en el exterior.
La Estrategia Nacional asume a los migrantes como verdaderos sujetos de derechos sociales, integrando una perspectiva de género indispensable. El fundamento de este esfuerzo es la premisa inequívoca de nuestra Carta Magna establecida en el artículo 4º constitucional, el cual declara que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Bajo este amparo legal, la estrategia no improvisa, sostiene principios rectores que marcan la pauta para un abordaje verdaderamente integral. A ella se suma una perspectiva de género consciente de que las desigualdades sociales asignan roles, riesgos y niveles de poder diferenciados que impactan el cuerpo y la mente; la equidad en salud, empeñada en derribar esas barreras de acceso tan injustas como evitables; el interés superior de la infancia y la adolescencia para proteger a las niñas, niños y adolescentes que caminan solos o acompañados; la pertinencia cultural y la interseccionalidad en una misma persona.
Ahí es donde cobra relevancia el Procedimiento para la Validación de Albergues Promotores de la Salud, una tarea implementada por la Dirección General de Políticas en Salud Pública, en estrecha coordinación con las entidades federativas y jurisdicciones sanitarias. Su labor consiste en auditar, verificar y certificar que cada albergue cumpla estrictamente con las condiciones normativas para ser un espacio verdaderamente seguro, limpio y saludable para quienes aloja, con atención médica oportuna, prevención de brotes epidemiológicos y esquemas de capacitación. El objetivo es dotar a los administradores de los refugios como a la población en movilidad de herramientas operativas y conocimientos para preservar su salud por cuenta propia.
Sanar las fronteras, después de todo, empieza por dignificar el refugio. Garantizar la salud de quienes transitan por nuestra tierra, sin importar su origen o estatus, es el verdadero termómetro de nuestra calidad democrática. La salud pública no puede permitirse fronteras; cuidar del que llega no es una opción política, sino la última línea de defensa de nuestra propia humanidad.