Todos los días las mujeres lidiamos con una estructura profundamente desigual, que también mata.
Las historias recientes lo evidencian con crudeza. No alcanza este espacio para nombrarlas a todas. El caso de Edith Guadalupe es un ejemplo doloroso. Desapareció en la Ciudad de México y, en lugar de activar protocolos inmediatamente, su familia enfrentó negligencia, corrupción y prejuicios: esperar 72 horas, pagar para buscarla, asumir que “se fue con el novio”. Dos días después, Edith estaba muerta, fue asesinada. En ese mismo edificio un hombre tocaba a una jovencita en el elevador y aparentemente no sumó datos importantes a la investigación —o se le protegió—.
También está el caso de Carolina Flores, presuntamente asesinada por su suegra, a quien —pese a la gravedad de los hechos— su hijo y pareja sentimental de la víctima, le habría dado tiempo para escapar. Y el de Carmen Sánchez, sobreviviente de un ataque con ácido perpetrado por su expareja. Carmen denunció recientemente, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio por cumplidas las recomendaciones emitidas en 2019 a la Fiscalía del Estado de México, pese a las violaciones a sus derechos, las omisiones y los actos de impunidad documentados. Su caso fue cerrado sin ser escuchada.
Una vez más, las instituciones optaron por validar versiones oficiales en lugar de garantizar justicia para la víctima.
A estas historias se suman muchas otras violencias: mujeres asesinadas en contextos de crimen organizado, lideresas comunitarias silenciadas a balazos, profesionistas que mueren en operativos policiales sin claridad ni rendición de cuentas.
Los datos son contundentes y, sin embargo, insuficientes para dimensionar el horror. En 2025 fueron asesinadas más de cinco mil mujeres; menos de 12 por ciento de esos casos se investigan como feminicidio. En el primer trimestre de 2026, más de 500 mujeres fueron asesinadas, pero solo 148 casos se clasificaron bajo ese protocolo.
NOMBRAR IMPORTA
Se muestran cifras en descenso, pero es indispensable revisar cómo las autoridades clasifican los delitos. La pregunta no es únicamente cuántas mueren, sino cuántas quedan fuera del reconocimiento mínimo que implica nombrar correctamente la violencia que las asesinó. Cuando un crimen contra una mujer no se investiga como feminicidio, se borra el contexto de violencia de género, se diluye la responsabilidad institucional y se obstaculiza el acceso a la justicia.
Frente a este panorama, la reciente propuesta de crear una ley general para fortalecer la prevención, investigación, sanción y reparación del delito de feminicidio representa un paso necesario, pero no suficiente. Homologar el tipo penal y obligar a investigar todos los asesinatos de mujeres como posibles feminicidios podría cerrar una brecha histórica. Sin embargo, ninguna ley será efectiva si no transforma las prácticas de quienes la implementan.
Es momento de cuestionar la narrativa de los “gobiernos con A”. Las cifras, los casos, cada historia reiteran que tener mujeres en el poder no garantiza justicia para las mujeres. La deuda institucional persiste incluso —y quizá con mayor visibilidad— en espacios donde el discurso feminista se ha convertido en bandera política. La representación importa, sí, pero sin resultados no es más que simulación.