No más “madres valientes”

• Aunque la SCJN ya declaró inconstitucional penalizar el aborto, sólo 17 entidades han armonizado sus leyes para despenalizarlo hasta las 12 semanas

Hace unos días, México se estremeció por un listado que se viralizó en redes sociales. Un delito con nombre y apellido es lo que ahí se expone: niñas de 10, 11 y 12 años que dieron a luz en 2024, mientras los padres (o habría que llamarlos violadores) tenían 30, 40, 65 años. Un país entero vio exhibido su fracaso: un Estado que documenta el abuso infantil, pero no lo detiene. Una sociedad que expresa indignación en internet, pero rara vez se moviliza. Una vez más, demostramos que la empatía es un concepto que entendemos poco o lo ponemos en práctica a conveniencia.

Los datos son de la propia Secretaría de Salud, que registró 30 nacimientos en México durante 2024 con madres menores de 13 años. En la lista, el caso más atroz es el de El Oro, Estado de México: una niña de 12 años fue obligada a tener un hijo de un hombre de 65. Sí, una diferencia de 53 años, ¿no encendió las alertas? ¿Dónde estaban las instituciones que deberían protegerla?

• UNA CULTURA DE ABUSO NORMALIZADO

La estadística encendió la indignación digital. Algunos reescribieron el encabezado: “edad del padre” por “edad del violador”, porque llamarle “padre” es casi justificar el delito. Otros escribieron con rabia: “Pedófilos y violadores impunes”. Pero fuera de las redes, nada. No existe ni postura oficial.

La única figura pública que alzó la voz fue Olga Sánchez Cordero, exministra y exsecretaria de Gobernación, quien reclamó que la interrupción legal del embarazo sea obligatoria en todos los códigos penales del país, sin necesidad de permiso parental cuando se trate de niñas.

Recordemos que en México, aunque la Suprema Corte ya declaró inconstitucional penalizar el aborto, sólo 17 entidades han armonizado sus leyes para despenalizarlo hasta las 12 semanas. Mientras tanto, las niñas en condiciones vulnerables —las más pobres, las indígenas, las de comunidades rurales— quedan atrapadas en redes de violencia, matrimonios forzados y embarazos que las marcan de por vida.

No se trata de un simple debate moral: según la OMS, las complicaciones durante el embarazo son la segunda causa de muerte en mujeres de 15 a 19 años, y ese riesgo se cuadruplica en menores de 15. Obligar a una niña a ser madre no es sólo un acto cruel, es una condena que puede matarla.

Los datos del Inegi y organizaciones como REDIM muestran que en México hay una epidemia de violencia sexual contra niñas y adolescentes: entre 2019 y 2022, casi 10 mil menores fueron atendidos por lesiones derivadas de agresiones sexuales, 92% eran mujeres. Por si fuera poco, la mitad de los embarazos adolescentes se da en contexto de matrimonio infantil o uniones forzadas. En la Montaña de Guerrero, se siguen entregando niñas de 12 años a cambio de dinero o ganado, como objetos de cambio bajo “usos y costumbres” que la ley permite ignorar.

Estas historias son parte de un sistema que naturaliza el abuso, la impunidad y el control del cuerpo femenino desde la infancia. México tiene una deuda inmensa con sus niñas, que son obligadas a ser esposas y madres cuando deberían estar jugando, estudiando, creciendo sin miedo.

Como sociedad, nos escandalizamos cuando vemos los datos de la estadística que se volvió viral, pero la indignación dura lo que tarda el scroll. Mientras tanto, miles de niñas son silenciadas y les toca aceptar su destino.

Proteger a la infancia no es una opción ni un gesto altruista: es una obligación del Estado y de todos nosotros. Exigir justicia, garantizar educación sexual integral, acceso a anticonceptivos, aborto legal y seguro, y sobre todo perseguir a los agresores no son propuestas “progresistas”: son mínimos de humanidad. Es indignante que un país siga considerando a las víctimas como “madres valientes”.