Infancias rotas

Hay escenas que no deberían formar parte de la memoria de un país. Imagino a una mujer caminando de oficina en oficina, con la urgencia dibujada en el rostro y un miedo que no logra disimular. Va cargando una esperanza mínima: que alguien, cualquier burócrata, le ayude a traer de vuelta a su hijo. Pero las puertas se cerraron antes de que terminara de explicarles su historia.

Fernandito tenía cinco años y la inocencia de quien aún no analiza y cuestiona su contexto, si el mundo es un lugar seguro. Fue sacado de su hogar para convertirse en garantía de una deuda ridícula. Su madre había buscado ayuda, había contado su historia una y otra vez, hasta quedarse sin voz. Nadie la escuchó. Nadie actuó. Cuando lo encontraron, ya no había posibilidad de reparación. Con él se rompió también la promesa de un Estado que dice proteger, pero que a veces parece más una pared de concreto que un refugio.

En otro lugar, lejos de ahí, Dulce dormía arropada. La madrugada se llenó de ruido y pólvora: un grupo armado irrumpió en su casa y descargó balas que no eran para ella, pero que igual le arrebataron la vida. Su delito fue estar en medio de una guerra que no eligió, marcada por venganzas y disputas que se arrastran por generaciones.

Dos infancias, un estado, una misma herida. Ni Fernandito ni Dulce debieron ser parte de esta crónica, sin embargo aquí están. Sus historias nos devuelven un espejo incómodo: vivimos en un país donde un niño puede morir por una deuda, por estar en el lugar equivocado o, peor aún, porque a las instituciones les faltó voluntad para evitarlo.

La pregunta va más allá de los autores materiales. Hay que cuestionar por qué el sistema se desploma justo donde debería sostener. ¿Por qué la vida de un menor depende tantas veces de que su caso se vuelva noticia o de que un funcionario decida que vale la pena intervenir?

No se trata de recrearse en la tragedia, sino de reconocer que éstas no son excepciones. Hay miles de niños que crecen entre la violencia doméstica, el crimen organizado o el hambre, sin que su nombre aparezca jamás en un titular.

En la primera mitad de este año, más de 300 menores fueron asesinados en México, la mayoría con armas de fuego. No es azar ni estadística fría: es el síntoma de una sociedad que convive con la muerte infantil como si fuera inevitable.

Cambiarla requiere mucho más que indignación momentánea o las lágrimas de la autoridad. Significa que las fiscalías respondan de inmediato, que el sistema de protección infantil funcione sin excusas, que las escuelas detecten señales de riesgo antes de que se conviertan en tragedias, que las organizaciones civiles y comunitarias acompañen a quienes viven bajo amenaza. Significa que cuidemos a nuestros niños como el bien más sagrado.

Porque la justicia no se construye con condolencias, sino con estructuras sólidas y manos dispuestas a actuar. Lamentar no basta. Cada vida perdida es una oportunidad desperdiciada para cambiar las cosas.

Si no transformamos el dolor en compromiso, seguirán llegando otros nombres, otras fotos, otros funerales. Y entonces, cuando volvamos a preguntar “¿cómo pasó?”, tendremos que admitir que lo vimos venir y no hicimos lo suficiente.