Imagina que tu sobrina de 14 años acaba de ser picada por un alacrán. Sales de casa con la urgencia de quien sabe que cada minuto cuenta. Tu esposo las acompaña. La niña, una adolescente deportista con discapacidad, espera llegar al hospital para recibir atención médica.
Pero nunca sucedió. Porque en el camino aparecieron hombres armados. Dispararon. Una y otra vez. Tu sobrina cae. Tu esposo también. Tú sobrevives herida. Los servicios de emergencia no llegan. Durante horas permaneces junto a los cuerpos de las personas que amas, abrazando sus restos.
En el mismo ataque dos personas más resultaron heridas: Ana e Isaac. Ambos permanecen con secuelas y sin recursos para cubrir los gastos médicos. Para ellos tampoco llega la ayuda.
Esto no ocurrió en una zona de guerra declarada. Sucedió en Escuinapa, Sinaloa. La historia resume con una crudeza dolorosa una tragedia que se repite en distintas regiones del país.
Cuando una niña muere así y el apoyo para los heridos no llega, el problema ya no puede reducirse a estadísticas de homicidios ni a balances de seguridad. Estamos frente al fracaso de las instituciones encargadas de garantizar el derecho más básico.
Lo más indignante es que, en un primer momento, las autoridades hablaron de un supuesto fuego cruzado. Sin embargo, las imágenes captadas por cámaras de seguridad mostraron un ataque directo. Una vez más, las autoridades apresurándose a administrar la narrativa.
Y mientras se discutían versiones, una mujer sobreviviente permanecía en la escena aferrada a sus dos familiares asesinados frente a ella. En México hablamos con frecuencia de los muertos, pero pocas veces de quienes quedan vivos para cargar con el trauma. Las mujeres suelen ser las sobrevivientes invisibles de la violencia: las que identifican cuerpos, las que buscan justicia, las que sostienen a las familias rotas y las que terminan enfrentando solas la indiferencia institucional.
La tragedia ocurrió además en medio de un apagón provocado presuntamente por explosivos y ataques con drones. Drones. Una palabra que asociamos con conflictos armados internacionales y que hoy forma parte del vocabulario cotidiano de comunidades mexicanas.
Hace apenas unos días, el alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz, afirmaba que la seguridad debía sentirse y no verse, como ocurre en los países desarrollados. La frase pudo sonar aspiracional en su momento. Hoy resulta dolorosamente irónica. Porque cuando hay explosivos, drones, apagones, asesinatos de civiles y familias enteras atrapadas por el miedo, la inseguridad no sólo se ve, se escucha en cada detonación. Se siente en cada trayecto. Se respira en cada puerta que se cierra antes del anochecer.
El alcalde terminó reconociendo públicamente que las autoridades fueron rebasadas. En un país donde abundan los discursos triunfalistas y escasean las admisiones de fracaso, la declaración resulta inusual. Pero también insuficiente.
¿QUIÉN LES PROTEGE?
Mientras las y los habitantes de Escuinapa marchan para exigir paz y justicia, la violencia avanza. Incluso después del asesinato de Grecia y Arturo, un coche bomba explotó en la salida sur del municipio, provocando daños materiales.
Desde el momento en el que escuchamos al edil reconocer la incapacidad del gobierno para actuar ante los hechos violentos, me pregunté: si las propias autoridades reconocen que fueron rebasadas, ¿quién está protegiendo hoy a las familias de Escuinapa?
No olvidemos que detrás de cada cifra hay nombres. Hay historias. Y detrás de esta tragedia hay una niña que no murió por picadura de alacrán. Murió porque la violencia le cerró el camino hacia la atención médica.
Grecia tenía 14 años. Tenía una vida por delante. Tenía derecho a llegar a un hospital. Y como sociedad, como instituciones, como país, le fallamos.