Hay decisiones que corresponden a los gobiernos y otras que corresponden a los ciudadanos. Parece una distinción elemental, pero la reacción que ha provocado la cancelación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán demuestra que, en México, esa frontera puede volverse sorprendentemente borrosa cuando quien está involucrado pertenece a los círculos del poder.
Estados Unidos tiene el derecho soberano de decidir quién puede ingresar a su territorio. Una visa no constituye un derecho adquirido de entrada y un gobierno extranjero no tiene la obligación de explicar públicamente cada decisión migratoria que toma. Podemos cuestionar la transparencia del procedimiento, especular sobre sus motivaciones políticas o considerar injusta la medida, pero ninguna de esas discusiones modifica un principio básico: la decisión sobre quién entra a Estados Unidos corresponde a Estados Unidos.
Por eso resulta mucho más interesante observar lo que ocurrió después. López Beltrán respondió con una carta dirigida directamente a Donald Trump, en la que cuestionó la decisión y señaló a funcionarios estadounidenses como responsables de una supuesta persecución política. El episodio, sin embargo, dejó de ser solamente una controversia entre una persona y el gobierno estadounidense cuando comenzó a ocupar un espacio central en la conversación política mexicana y, sobre todo, cuando distintos actores del oficialismo asumieron su defensa como un asunto político.
Ahí es donde la anécdota adquiere otra dimensión.
López Beltrán tiene, por supuesto, derecho a inconformarse frente a una decisión que considera injusta y a defender públicamente su posición. Lo que merece atención es el momento en que un asunto individual comienza a presentarse como si tuviera necesariamente una dimensión de Estado. Una cosa es que México defienda a sus ciudadanos frente a actos arbitrarios de otro gobierno; otra, muy distinta, es que la política exterior mexicana termine involucrada para resolver una decisión que afecta particularmente a una persona. La primera corresponde a una responsabilidad institucional; la segunda puede convertirse fácilmente en la defensa de un privilegio.
A esto se suma que distintos integrantes de Morena han presentado la decisión estadounidense como un acto de persecución política contra el movimiento y han expresado públicamente su respaldo a López Beltrán. Incluso la presidenta de la República ha tenido que posicionarse sobre el tema, al señalar que Estados Unidos busca “interferir” en la vida pública del país y subrayar que la relación entre ambas naciones debe ser de coordinación y respeto mutuo, “de igual a igual”, y no de subordinación.
La discusión adquiere entonces una dimensión que va mucho más allá de una visa: ¿qué sucede cuando la cercanía con el poder hace que los privilegios asociados a una posición política comiencen a confundirse con derechos que el Estado está obligado a proteger?
No se trata de atribuirle a una persona una determinada percepción de sí misma, sino de observar un fenómeno que la política mexicana conoce bien. Durante décadas hemos visto cómo los problemas de quienes ocupan posiciones de poder terminan convertidos en asuntos que deben resolver las instituciones. El funcionario que enfrenta una acusación espera respaldo político; el empresario cercano al gobierno reclama intervención; el familiar de un personaje poderoso recibe una atención que difícilmente tendría cualquier otro ciudadano. Poco a poco, la frontera entre la persona y el poder se vuelve difusa, hasta que proteger al individuo comienza a confundirse con proteger al Estado. Y eso es problemático en cualquier circunstancia, porque supone utilizar el poder público para atender intereses particulares.
Cuando esa confusión alcanza además la política exterior, el problema adquiere una dimensión todavía mayor. Ya no se trata solamente de los límites que deben existir entre el poder público y los intereses personales, sino de evitar que los recursos, las instituciones y la autoridad del Estado se pongan al servicio de una persona o de un grupo. La política exterior no puede convertirse en una extensión de los asuntos personales de quienes están cerca del poder, porque entonces deja de responder al interés nacional para responder a intereses particulares.
México tiene suficientes asuntos con Estados Unidos que sí requieren una defensa firme y permanente. La migración, el comercio, la seguridad fronteriza, el tráfico de armas, el fentanilo, el agua, la energía y la integración económica afectan directamente a millones de mexicanos y forman parte de una relación bilateral en la que nuestro país tiene intereses legítimos que defender. Resulta difícil explicar, en cambio, por qué una visa individual tendría que convertirse en una prioridad diplomática nacional.
Incluso si mañana se demostrara que la decisión estadounidense fue injusta o estuvo motivada políticamente, seguiría siendo necesario distinguir entre la defensa de una persona y la defensa del interés nacional. La primera puede corresponder al afectado y a los mecanismos jurídicos o consulares disponibles; la segunda corresponde al Estado.
Esa distinción importa especialmente cuando hablamos de quienes están cerca del poder. Porque el privilegio más peligroso no siempre es el que permite obtener algo que otros no pueden obtener. A veces es aquel que, por su propia normalización, termina haciendo difícil distinguir entre lo excepcional y lo que verdaderamente constituye un derecho.
La carta de López Beltrán puede entenderse como el legítimo ejercicio de su derecho a inconformarse. Lo que resulta mucho más difícil de justificar es que esa inconformidad personal termine siendo asumida como una causa política colectiva. Y más aún cuando quien la protagoniza no ocupa un cargo público ni representa formalmente al Estado mexicano.
La pregunta, entonces, no debería ser únicamente por qué Estados Unidos decidió retirarle la visa, sino por qué en México existe la tentación de convertir los problemas de quienes están cerca del poder en problemas del país. No todo agravio personal es un agravio nacional. No toda incomodidad de un político exige una respuesta diplomática o institucional y no todo privilegio que acompaña al poder puede convertirse, por la vía de la costumbre, en un derecho.
El Estado debe defender los derechos de sus ciudadanos y los intereses de la nación. No debería convertirse en abogado de los hijos de los poderosos. Porque cuando ambas cosas comienzan a confundirse, el problema deja de ser una visa: el problema es que hemos empezado a confundir a las personas con el Estado, aunque ni siquiera formalmente ocupen un cargo público.