¡Todos a votar para transformar el Poder Judicial!

Por Fadlala Akabani

El próximo domingo 1 de junio de 2025 será un día inédito, pues nunca antes en México se ha votado por los integrantes del Poder Judicial (PJ); pero también será histórico, pues es un cambio de gran calado que incomoda a poderes fácticos naturalmente antagónicos a la Cuarta Transformación de la vida pública de México, pues es una acción para poner límite al poder económico y separarlo aún más del poder político.

A lo largo de 30 años (1988-2018), el neoliberalismo perfiló un país a gusto y pedido de Washington. Como era de esperarse, se desmanteló y remató a las empresas públicas y paraestatales, se entregó la infraestructura ferrocarrilera que incentivó la desindustrialización y se supeditó el papel de nuestra economía al rol de proveedor de materias primas y, eventualmente, como maquilador de ciertas industrias. Durante el último periodo del neoliberalismo, el país fue sumergido en una incontenible vorágine de violencia que aún hoy nos flagela como sociedad y, en medio de todo ese caos, lograron uno de sus más ambiciosos objetivos: privatizar el petróleo mexicano.

A lo largo de este periodo, el PJ fue más que un simple cómplice, por omisión, del neoliberalismo, pues, lamentablemente, también jugó e incluso actualmente juega un papel activo en contra del interés nacional. Tras la derrota política y electoral del neoliberalismo en 2018, el PJ se convirtió en el último reducto del viejo régimen, su accionar muestra claramente que no responde al pueblo ni a la nación, sino al interés económico y corporativo.

Por mencionar su más destacado golpe contra la 4T, el papel jugado por el PJ y jueces, como Juan Pablo Gómez Fierro, al combatir la reforma eléctrica de López Obrador y privilegiar por la vía jurídica —legal, pero no legítima— los intereses de empresas extranjeras sobre las paraestatales Pemex y CFE. Denunciada por el obradorismo desde el sexenio anterior (2018-2024), afrenta que persiste, es la desconexión del PJ con la sociedad mexicana, pues, sin mayor dilación, se libera a miembros del crimen organizado, exhibiendo la indolencia de jueces, magistrados y ministros.

Otra infame tradición del PJ es la manía de los juzgadores por amparar y proteger a evasores fiscales, grandes capitales nacionales e internacionales. Tristemente célebre es el caso de un ministro de la SCJN, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que, lejos de aprovechar su experiencia como alto funcionario en el SAT, la pone al servicio de tres grandes contribuyentes (empresas privadas) a las que busca beneficiar con la devolución del pago a un crédito con intereses. Situación irregular que bien ilustra el uso que dan los miembros del PJ al poder que detentan.

Sin sustento jurídico alguno, pues la Constitución no contempla la posibilidad de que el PJ pueda cambiar el texto constitucional, una vez aprobada la reforma judicial (2024), y con una soberbia desmesurada, la SCJN abiertamente discutió la posibilidad de impulsar el veto de la misma. Para finales de ese mismo mes, resignados ante el ineludible avance de la transformación, 8 ministros, encabezados por la ministra presidenta, Norma Piña, declinaron su participación en la elección judicial y presentaron su renuncia efectiva al 31 de agosto de 2025, pero sólo para no perder el “derecho” generado y acceder a la totalidad de su haber de retiro, que consiste en el 100% de su sueldo durante los primeros dos años y el 80% a partir del tercer año de manera vitalicia. Cabe tener en cuenta que actualmente los ministros de la Suprema Corte perciben más de 206 mil pesos mensuales como salario.

Como última tarea a su verdadero amo, el gran capital nacional e internacional, el PJF busca invalidar o aplazar la aplicación de la recien reformada Ley de Minería (2023), en la que quedó establecido que la exploración, explotación y aprovechamiento del litio serán facultad exclusiva del Estado. Actualmente, el Pleno Regional Centro Norte del Consejo de la Judicatura Federal mantiene suspendidas porciones de las reformas a la Ley de Minería; Aguas Nacionales; y Prevención y Gestión Integral de Residuos. Esta jurisprudencia en favor de las mineras se lleva a cabo por funcionarios públicos y con recursos del Estado que la corrupción dejó subordinados al servicio del gran capital. Es necesario transformar el PJ, en paz y mediante un proceso democrático para tener jueces, magistrados y ministros que respondan al pueblo y a la nación.

No se trata de un “experimento kafkiano” como irrespetuosamente lo califica la prensa británica; se trata de la lucha por recuperar un poder de la República. Por eso, todos a votar el próximo domingo 1 de junio, sigamos haciendo historia.