Todo menos la incomodidad en Palacio
Se calcula que diariamente un millón de clientes ha dejado de acudir al Centro Histórico.
Por Santiago Taboada
La inyección de recursos federales y locales no ha bastado para evitar que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) secuestrara, una vez más, a la Ciudad de México. A plena luz del día, con total impunidad, sus integrantes bloquearon vialidades clave, interrumpieron el tránsito, afectaron la economía y, lo más grave, impusieron su agenda a costa de millones de ciudadanos.
Y el gobierno lo toleró. Fue sólo cuando estos bloqueos interfirieron con el acceso a Palacio Nacional y los manifestantes amenazaron con bloquear la entrada a la conferencia mañanera que la autoridad finalmente decidió actuar. Antes, habían permanecido en silencio ante los constantes bloqueos, pero cuando se trató de afectar la imagen presidencial, la respuesta fue inmediata.
Este doble estándar en la gestión de crisis refleja la verdadera naturaleza de la inacción gubernamental. La contemplación del gobierno es tal, que pareciera que existe un pacto de silencio, o al menos una renuncia deliberada a ejercer la autoridad. La capital vive de rodillas mientras los bloqueos se multiplican.
Las cifras lo dicen todo: más de 30 mil establecimientos mercantiles han sido afectados, impactando directamente a más de 170 mil trabajadores. Se calcula que diariamente un millón de clientes ha dejado de acudir al Centro Histórico, lo que ha provocado una caída de ventas de 80 a 90 por ciento. Las pérdidas económicas ascienden a más de 15 mil millones de pesos.
Y no es sólo el comercio local. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha tenido que desviar vuelos y ha visto afectados a más de tres mil pasajeros por bloqueos de acceso. En zonas turísticas, como la de artesanías, las ventas han caído hasta en un 50 por ciento. El daño es transversal.
Es inadmisible que se criminalice a quienes protestan pacíficamente, pero se tolere a quienes violentan los derechos del resto. Porque eso es lo que está ocurriendo: un atentado cotidiano contra el derecho de millones a transitar, a trabajar, a vivir en una ciudad funcional.
La CNTE no está en lucha; está en campaña. Y el gobierno, en lugar de poner orden, parece temerles. Mientras tanto, la ciudadanía paga los platos rotos: horas perdidas, negocios cerrados, ciudades detenidas. La inacción también es una forma de complicidad.