Segundo piso de la 4-Tech
Reformas como la de telecomunicaciones en 2025 buscan reforzar y garantizar el ejercicio pleno de estos derechos para toda la población.
Por Martín Yeshuá Barragán Cruz
En medio de un debate encendido entre sectores a favor y en contra, la reforma a la Ley de Telecomunicaciones —impulsada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y liderada por José Antonio Peña Merino—, pero como mexicano, ¿para qué me sirve y qué contempla esa reforma? La eliminación de barreras legales que limitan el acceso a servicios de telecomunicaciones, garantiza un acceso más equitativo y eficiente a internet y servicios digitales en todo el país, fortalece la autonomía tecnológica del Estado mediante el desarrollo de soluciones propias, reduce la burocracia y contribuye al combate a la corrupción con la digitalización de trámites y servicios, resaltando que, con esta iniciativa, nuestro país avanza en el reconocimiento y además busca proteger los derechos digitales sin recurrir a la censura, promoviendo la transparencia y la libertad de expresión.
Sin duda, el concepto de derechos digitales representa la versión 2.0 corregida y aumentada de la transformación digital del país, amigo lector, ¿recuerda cuáles son sus derechos digitales? Acceso a internet: el artículo 6 constitucional reconoce el acceso a internet como un derecho. El Estado debe garantizar que todos los ciudadanos puedan conectarse de manera libre, inclusiva y asequible. Libertad de expresión en línea: las personas tienen derecho a expresarse libremente en internet sin censura previa, excepto: discurso de odio o apología del delito. Privacidad y protección de datos personales: todos tenemos derecho a que nuestros datos sean protegidos. Seguridad digital: implica la protección contra delitos como el robo de identidad, ciberacoso o espionaje digital. Educación digital: se promueve la inclusión digital y el acceso al conocimiento para que todos los alumnos puedan usar tecnologías de forma segura y productiva. Neutralidad de la red: los proveedores de internet no deben bloquear, ralentizar ni priorizar contenidos o servicios. Acceso a la información pública en línea: cualquier persona puede solicitar y recibir información pública a través de medios digitales.
Estos derechos son dinámicos y están íntimamente ligados al desarrollo e innovación de nuevas tecnologías, ya que con la evolución tecnológica también surgen nuevos retos. En ese contexto, reformas como la de telecomunicaciones en 2025 buscan reforzar y garantizar el ejercicio pleno de estos derechos para toda la población.
Con esta reforma se avanza, pero no se termina la carrera, aún hay mucho que recorrer, nos falta una Ley General de Ciberseguridad, Regulación de la Nube y concretar la democratización de las tecnologías al servicio y en bienestar de todos y cada uno de los habitantes de nuestro país.