Optimismo prudente

Por: Juan Carlos Machorro

La presente administración arrancó con lo que podría llamarse un optimismo prudente en los mercados. La construcción de un gabinete con perfiles más técnicos y el propio perfil de la Presidenta, aunado a un acercamiento a distintos actores en sectores diversos y una narrativa de respeto al Estado de derecho, alimentaron cierto optimismo cauto en los mercados.

Al paso de las semanas, la actividad generada en el Congreso de la Unión, claramente apoyada desde el propio Poder Ejecutivo, viene preocupando cada vez más a los mercados y desdibujando paulatinamente ese optimismo moderado.

Las reformas constitucionales en materia de integración del Poder Judicial, de la mal llamada “supremacía constitucional”, la contrarreforma constitucional en materia energética y la cerrazón cotidiana al diálogo en una diatriba cotidiana hacia los ministros del tribunal supremo, han logrado enrarecer el ambiente y trastocar el ánimo de los mercados. Lejos de atraer inversiones de calidad y de largo plazo, este ambiente las ahuyenta.

No existe una sola opinión legal calificada —dentro o fuera del país— que apoye el contenido de la mal llamada reforma judicial, que no atiende de raíz el problema de la administración de justicia en México, que pone de cabeza el concepto de carrera judicial y de división de poderes y que llama a una desarticulada elección de miles de candidatos y candidatas con pocas o nulas credenciales para actuar como juzgadoras y juzgadores, con un costo presupuestal superior al del último proceso electoral.

En esta misma línea se aprueba otra contrarreforma constitucional en materia de energía. La reconfiguración de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, de empresas productivas del Estado a empresas públicas, operará en detrimento de la eficiencia de las empresas, de un uso eficiente de recursos públicos y del bolsillo de los mexicanos. Asimismo, de manera poco técnica se reinserta en el texto constitucional el concepto de servicio público de electricidad, un concepto que había sido superado y resulta disconforme con actividades en materia de generación y comercialización de electricidad desarrolladas en un mercado abierto por el sector privado a partir de permisos y no de concesiones. En materia de transmisión y distribución de electricidad se elimina, inexplicablemente, la posibilidad de que el Estado mexicano se deje asistir del sector privado en la construcción y el mantenimiento (que no operación) de líneas de transmisión y distribución eficientes. Para rematar, se inserta en el texto constitucional la prevalencia de la CFE por encima de las empresas privadas, violentando un principio básico de protección de inversiones que requiere que, en forma específica, las empresas del Estado del país anfitrión compitan en igualdad de circunstancias con las empresas privadas en mercados abiertos.

Este ánimo de optimismo prudente con el que arrancó la administración se desdibuja poco a poco y los números así lo corroboran.

Las expectativas de crecimiento económico se han reducido 50% en 2024 y las acciones de este nuevo gobierno siguen generando incertidumbre y desconfianza en los mercados.

Al inicio del año, el optimismo prudente llevaba a las instituciones financieras a establecer perspectivas de crecimiento en un rango de 2.5 a 3% anual. Las medidas apuntadas han incrementado la percepción de riesgo de inversión y un ambiente de inestabilidad en detrimento de las expectativas de crecimiento del PIB.

El FMI, el Banco de México, el Banco Mundial y la OCDE han bajado las expectativas de crecimiento para este año de entre 2.5 y 3% a un estimado de entre 1.4 y 1.7%, a lo que habría que añadir una tasa de crecimiento poblacional promedio de 1% anual a considerarse en relación con lo que se conoce como recesión relativa.

Es urgente recuperar el crecimiento perdido y encontrar sintonía entre lo que se dice a los mercados en temas de energía e infraestructura alentando participación del sector privado y lo que en la realidad ocurre en el Congreso de la Unión en detrimento de nuestras instituciones democráticas y del Estado de derecho.

Recuperemos un optimismo que pase de meramente prudente a un optimismo sólido y razonado.

*Abogado y analista