Con una representación política desdibujada a nivel nacional, aun siendo considerada en conjunto (PRI, PAN y MC), la oposición representa poco menos de un tercio de las preferencias del electorado nacional. De las 32 entidades federativas, la oposición es gobierno en tan sólo ocho; PRI en Coahuila y Durango; PAN en Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro; MC en Jalisco y Nuevo León. En síntesis, la oposición ha ganado solamente 25% de los gobiernos estatales y gobierna para 35.43 (de 134.4 millones de mexicanos) en el nivel subnacional, 26.3 por ciento.
Estas cifras son congruentes a nivel legislativo en el orden federal, en el Senado de la República (en el que están representados los ciudadanos de cada entidad federativa y por la intención de voto proporcional a nivel nacional), compuesto por un total de 128 escaños, la oposición (PRI, PAN y MC) ostenta solamente 40 escaños, 31.%; sin embargo, solamente cuatro de estas posiciones fueron ganadas bajo el principio de mayoría relativa, o sea, ganar, efectivamente, la elección, mientras que el resto de escaños fueron bajo los principios de segunda minoría estatal (23) y representación proporcional nacional (13).
En la Cámara de Diputados, cuya composición de 500 curules parte de 300 distritos uninominales de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, el escenario es similar; la oposición, en conjunto, cuenta con 135 diputados (27% del total), donde sólo 43 diputados ganaron su distrito y 92 accedieron a San Lázaro a través de listas en las cinco circunscripciones electorales federales, los famosos pluris. Números que constatan una realidad evidente, la oposición es meramente testimonial y la discusión real —por lo menos en el ámbito legislativo— está dentro de la propia alianza de la 4T (morena, PT, PVEM). Sabedora de que su rol está delimitado por su incapacidad de hacerse con el apoyo electoral que la haga trascendente, la oposición centra las más de sus —harto limitadas— capacidades en la búsqueda de influencia en círculos rojos a través de medios tradicionales y redes sociales. Quizá el mejor ejemplo de esta conducta lo encontremos en Felipe Calderón, quien, “haiga sido como haiga sido”, detentó el Poder Ejecutivo en México de 2006 a 2012. En su espurio sexenio, y pese a la bonanza petrolera que llevó el precio del barril de crudo de los 53 dólares en 2006 a superar la barrera de los 100 dólares en 2011, Calderón Hinojosa intentó entregar el petróleo mexicano a Estados Unidos en 2009 y su desgobierno dilapidó más de 28 mil millones de dólares de excedentes petroleros en gasto corriente y participaciones discrecionales a entidades federativas; no en obra de infraestructura estratégica relevante, pues de una refinería prometida en Tula, Hidalgo, el autonombrado experto en energía pudo sólo entregar una barda perimetral.
No obstante la probada incapacidad de gestión de Felipe Calderón, su ideario forma parte del discurso violento y esquizoide de una oposición vulgar que a la discusión política nacional no es capaz de aportar más que mentiras en debates estériles, como la percepción del nivel de uso y ocupación del AIFA.
En escenarios relevantes, la oposición impulsa narrativas que atentan contra la seguridad nacional de México. Así, las vergonzantes entrevistas de políticos mexicanos en la televisión estadunidense o española, suplicando o avalando la intervención militar de Estados Unidos, o promoviendo la difusión de un impreciso y tendencioso informe de Naciones Unidas, cuyos datos provienen de los gobiernos neoliberales.