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El régimen de autoabastecimiento, ¿fraude a la ley?

Columnista Invitado Nacional

Columnista Invitado Nacional

Por Juan Carlos Machorro*, abogado y socio líder de la práctica transnacional de Santamaria y Steta

El esquema de autoabastecimiento es una figura contemplada hace décadas en la legislación mexicana que ha venido utilizándose exitosa y legítimamente, entregando energía limpia a medianas y grandes empresas a lo largo del territorio nacional. 

Los permisos con base en los cuales han venido operando las plantas en el esquema de autoabastecimiento fueron otorgados en su momento por el órgano regulador competente, tomando en consideración desde luego la definición y concepción mismas del esquema y la estructura específica de cada proyecto. 

 La administración actual ha venido argumentando en forma recurrente que, en su opinión, algunos de los proyectos de generación operados a partir de permisos de autoabastecimiento constituyen actos de fraude a la ley. 

Por diversos motivos no compartimos los argumentos o razones de carácter legal expresados por el gobierno acerca del tema, cuando menos aquellos esgrimidos a la fecha. Sin embargo, con independencia de opiniones en uno u otro sentido, sería en última instancia el Poder Judicial el encargado de declarar si un acto en particular es o no violatorio de la ley vigente. Dicha declaración tendría que producirse mediante una resolución judicial, definitiva e inapelable, habiéndose cumplido todos los requisitos procedimentales aplicables.  

Valdría la pena reflexionar con objetividad y sensatez acerca de la situación que rodea a la operación de estos activos. 

En primer lugar, es importante recordar que este régimen es uno de carácter legado por pertenecer a la ley anterior y de carácter transitorio, destinado a desaparecer definitivamente al concluir la vigencia de los permisos, en cumplimiento de la ley vigente a partir del año 2014. 

En segundo lugar, habría que considerar a los stakeholders o grupos legítimos de interés alrededor de estos permisos. 

 Además de los permisionarios, recordemos que un número muy importante de empresas mexicanas reciben la entrega de energía como socios autoabastecidos en centros de carga asociados a estos permisos, centros de carga que se cuentan por decenas de miles alrededor de todo el territorio nacional y en prácticamente todos los sectores de la economía. 

 Surgen algunas preguntas en un escenario utópico de revocación de estos permisos: ¿existe energía suficiente para suministrar a estas empresas fuera de las plantas que actualmente operan los permisos de autoabasto?, ¿existe energía limpia para que las empresas cumplan con compromisos adquiridos en materia de cambio climático y protección al ambiente?, ¿sería factible mantener las tarifas que actualmente pagan por este insumo los socios autoabastecidos?, ¿es sensato elevar estos costos en un escenario de contención inflacionaria? 

 Además de los socios autoabastecidos, existen comunidades enteras, muchas de ellas comunidades indígenas, que subsisten a partir de la operación de estos activos y cuentan con derechos adquiridos legalmente frente a los operadores de estos activos. 

 En términos de mano de obra, se cuentan por decenas de miles los empleos asociados en forma directa a la operación de estas plantas. 

Por otra parte, la estructura esencial de estos proyectos requiere que una parte muy importante sea financiada por la banca (comercial y paraestatal) y los mercados de deuda. En este sentido, los financiadores de los proyectos estarían expuestos a quebrantos financieros considerables, siendo importante destacar, además, que la banca paraestatal de nuestro país cuenta activos en sus balances asociados a la financiación de estas plantas, que ascienden a miles de millones de pesos. 

Finalmente, resulta imposible dejar de lado el riesgo reputacional y de reparación de daños a que podría enfrentarse el gobierno al amparo de acuerdos y tratados comerciales internacionales que claramente protegen estas inversiones. 

 Vale la pena abrir espacios de comunicación y diálogo sensato que permitan encontrar puntos de acuerdo. Alternativas existen. 

 Busquemos y encontremos la voluntad de conocerlas. 

  

*Abogado 

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