El discurso sobre las armas

Por Ricardo Alexander M. Tanto en cifras como en percepción es claro que el tema de la violencia en México se sigue recrudeciendo. En cualquier noticiero, gran parte de lo que se reporta como relevante de los estados de la República son los homicidios, levantones y ...

Por Ricardo Alexander M.

Tanto en cifras como en percepción es claro que el tema de la violencia en México se sigue recrudeciendo. En cualquier noticiero, gran parte de lo que se reporta como relevante de los estados de la República son los homicidios, levantones y hechos violentos que ocurren todos los días.

La gran mayoría de estas situaciones tiene que ver con delincuencia organizada, sin embargo, cada vez es más común conocer hechos que involucran armas de fuego entre la población.

No obstante desde octubre de 1971 se estableció en la Constitución como política la posesión de armas de fuego sólo en el domicilio, desde hace varios años la norma fue rebasada. Su oferta es cada día mayor, y su portación y uso, más común.

México no es un país de producción de armas de fuego, sin embargo, nuestro vecino del norte se ha encargado de abastecer el creciente mercado. Según el Centro para el Progreso Americano, cada año entran al país 213 mil armas de fuego provenientes de Estados Unidos. Como ejemplo, hace apenas unos días, la PGR decomisó 50 rifles de asalto AK-47 en Nuevo León, estado gobernado por El Bronco.

Una hipótesis interesante sobre el tema que abordan David Pérez Esparza y Eugenio Weigend Vargas en Más armas, más delitos, más homicidios (Nexos, septiembre 2013), es que la concepción de que las organizaciones criminales hacen uso de las armas de fuego, y por ende, de la violencia, para llevar a cabo sus actividades, podría ser inexacta; más bien, la disponibilidad de armas faculta y genera incentivos a estos grupos para conseguir sus objetivos por medios violentos. Es decir, mientras más armas hay en el mercado y distribuidas entre la población, más viable su uso para lograr fines o resolver controversias.

La disponibilidad de armas de fuego y su normalización genera una espiral en donde no sólo los delincuentes, organizados o no, las usan prácticamente como herramienta de trabajo, sino que su oferta llega hasta la población, que bajo pretexto de uso para protección, también las porta y contribuye al problema.

En apoyo a lo anterior, según cifras de la PGR y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública difundidas por diversos medios, mientras los decomisos de armas de fuego entre 2015 y 2017 cayeron 34.8%, los homicidios dolosos incrementaron 29.3%. Parecería que la estadística indica que existe una correlación entre disponibilidad de armas y actos de violencia.

Lo interesante de estos números es que la discusión sobre las armas de fuego es un tema secundario en el discurso sobre la “guerra” contra las drogas y el crimen organizado. Si bien es cierto que el gobierno de Peña Nieto, a través de Gobernación, de Navarrete Prida, y de Relaciones Exteriores, de Luis Videgaray, ha buscado posicionar el problema, para Estados Unidos está lejos de ser prioritario.

Esto se explica, pues se calcula que el negocio de las armas en ese país es de más de 13.5 mil millones de dólares anuales. Tan sólo en 2016 manufacturaron más de 11 millones de armas de fuego. Las cifras hacen evidente que Estados Unidos no tiene ningún incentivo para frenar su tráfico a México, sino lo contrario.

No obstante desde la administración de Calderón se ha trabajado entre Estados Unidos y México en programas para la detección y decomiso de armas, como el llamado GC-Armas, no se ha logrado una disminución en su tráfico y distribución. Lo anterior sin mencionar la llamada Operación Rápido y Furioso, con lo cual ese país introdujo miles de armas de forma deliberada y sin nuestro consentimiento.

El nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, con apoyo de su secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, debe incluir en el discurso oficial la necesaria reducción y decomiso de armas de fuego en nuestro territorio, así como fijar una postura firme frente a Donald Trump para que Estados Unidos asuma su responsabilidad y tome medidas para detener el tráfico en su frontera sur, condicionando la futura cooperación en temas de seguridad a la obtención de resultados significativos en la materia.

*Maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard y Profesor en la Universidad Panamericana.

Twitter: @ralexandermp

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