Comercio mundial en transición: aranceles, Corte Suprema; México-EU

El comercio mundial vive una etapa de redefinición acelerada. La apertura irrestricta que marcó las últimas décadas hoy compite con prioridades como seguridad nacional, relocalización industrial y control tecnológico. El multilateralismo de la Organización Mundial del Comercio pierde centralidad frente a decisiones unilaterales y bloques regionales que avanzan con lógica geopolítica más que económica.

En ese contexto, la política arancelaria de Estados Unidos se convirtió en epicentro de tensión. Bajo la administración de Donald Trump los aranceles dejaron de ser excepción para transformarse en instrumento permanente de presión. México y Canadá fueron castigados con 25% bajo el llamado “arancel fentanilo”, mientras China enfrentó 10% adicional. En abril de 2025, durante el denominado “Día de la Liberación”, Washington anunció un gravamen general de 10% a prácticamente todas las importaciones. La justificación: emergencias nacionales vinculadas al tráfico de fentanilo, migración y desequilibrios comerciales.

El giro dio un vuelco con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que anuló los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Por seis votos contra tres, el tribunal determinó que dicha legislación no autoriza al presidente a imponer gravámenes comerciales. “Sólo reivindicamos el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución”, escribió el presidente del tribunal, John Roberts. El mensaje es institucional y contundente: la política comercial no puede ampliarse sin límites bajo la figura de emergencia.

Antes del fallo definitivo, tribunales inferiores ya habían cuestionado la legalidad de la medida. El caso reunió impugnaciones de importadores y grupos empresariales que alegaron extralimitación constitucional. Sin embargo, la Casa Blanca anticipó que, de invalidarse los aranceles bajo IEEPA, buscaría sustituirlos casi de inmediato por otros instrumentos legales. Es decir, la batalla jurídica no necesariamente implica un viraje político.

Para México, la decisión tiene implicaciones directas. La integración productiva en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá convierte cualquier medida arancelaria en factor de incertidumbre sistémica. Más de 80% de nuestras exportaciones dependen del mercado estadunidense. La revisión del acuerdo coincide con este reacomodo institucional en Washington y con una tendencia global hacia mayor proteccionismo selectivo.

México también ha ajustado su política comercial. El aumento de aranceles a más de mil productos provenientes de países sin tratado refleja una postura más defensiva y una alineación estratégica en sectores sensibles. Al mismo tiempo, el país busca capitalizar el nearshoring y fortalecer cadenas regionales, mientras enfrenta investigaciones antidumping y presiones en sectores como acero, aluminio y agroindustria.

El comercio internacional ya no se define sólo por eficiencia; se redefine por resiliencia y poder político.

La anulación de los aranceles bajo IEEPA introduce un contrapeso institucional en Estados Unidos, pero no elimina la posibilidad de nuevas medidas. La administración Trump incluso llegó a imponer sanciones económicas contra Colombia, con aranceles de hasta 25% y bloqueos financieros, evidenciando el uso expansivo de herramientas comerciales con fines diplomáticos.

En este entorno, México debe actuar con estrategia. Proteger sectores estratégicos es legítimo, pero la competitividad descansa en certidumbre jurídica y diversificación inteligente. La relación con Estados Unidos seguirá siendo eje estructural, pero el momento exige diplomacia activa y claridad regulatoria. El comercio mundial entra en una fase donde las reglas se renegocian y los tribunales también marcan límites. Navegar esa transición con visión de largo plazo será la verdadera prueba para la política comercial mexicana.