Alcaldía Benito Juárez, mentira e impunidad

Fadlala Akabani

Los sismos que afectaron gravemente la zona centro y sur de nuestro país en septiembre de 2017 dejaron al descubierto (a través de una experiencia trágica colectiva, conformada a partir de muchísimas tragedias personales) un pantano de corrupción inmobiliaria en el centro geográfico de la mancha urbana de la Ciudad de México, concretamente en Benito Juárez. Los costos trascendieron el perjuicio patrimonial y político, llegando a lo más lamentable, la pérdida de vidas humanas.

Como es bien sabido para cualquiera que indague la vida pública nacional, en efecto, fue el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal y hoy presidente de México, López Obrador, quien emitió el Bando Dos. Un ordenamiento territorial del año 2000 que buscaba detener la dinámica de decrecimiento poblacional en las demarcaciones centrales: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, territorios que cuentan con servicios urbanos plenamente consolidados. Este ordenamiento también exigía la creación de vivienda de interés social como parte de la estrategia de redensificación urbana, porque no sólo se trataba de apostar por una ciudad más compacta y sustentable, sino también al proceso de democratización del acceso a la vivienda. Hasta aquí, un marco jurídico concreto para el mercado inmobiliario y con fines determinados.

Lo del PAN en la alcaldía Benito Juárez se ha tratado de vulgar ambición y desvergüenza en el uso de las atribuciones en el servicio público, pues se aprovecharon de la buena fe que la ley deposita en los ciudadanos y autoridades de todos los órdenes de gobierno (pues de eso, entre otras cosas, se trata ser ciudadano, de reconocer que nadie está por encima de la ley) para coludirse con especuladores del sector inmobiliario y llevar al absurdo lo que la norma permitía, pero, sobre todo, hacer caso omiso de ella y abusar en cuanto a lo que no permitía. Lo mismo sucede con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, que se ejecutó enteramente durante mi administración como jefe delegacional en Benito Juárez (2003-2006), aprobado por la tercera legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2005, que, a la fecha, sigue vigente, pues el desdén panista hacia la gobernabilidad a través del consenso y el ordenamiento legal de la convivencia urbana no se los ha permitido en 18 años ininterrumpidos de gobierno desde 2006: https://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/20... PDDU-BJ es una norma que los panistas han, sistemáticamente, desacatado e incumplido desde 2006 a la fecha; en restricciones como las relativas al número de niveles de construcción respecto a la superficie del predio, los porcentajes de áreas libres y la producción social de vivienda en nuevos edificios; así como las limitantes para la ampliación de construcciones existentes.

La perversión del espíritu de las leyes y ordenamientos urbanos citados derivó en un boom de construcciones irregulares, fuera de norma y sin supervisión adecuada, pero, además, abonando, un caso a la vez, a la bomba de tiempo que puede suponer el colapso de los servicios urbanos en Benito Juárez. Los problemas de tráfico, gestión del espacio público, agua y suministro eléctrico dan muestra de que se subordinó el interés colectivo en favor de la especulación inmobiliaria y el enriquecimiento ilícito, raíz de múltiples delitos imputados a diferentes funcionarios detenidos, desde el nivel medio hasta el exdelegado —actualmente sujeto a proceso penal— Christian von Roehrich. Actualmente, existen carpetas de investigación en curso y órdenes de captura pendientes sobre exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez que permanecen prófugos de la justicia.

El modus operandi revelado por las diversas investigaciones de la Fiscalía General de Justicia consistía en autorizar pisos (niveles de construcción) por encima de los permitidos en las diversas normativas de Desarrollo Urbano aplicables, para tomar posesión física y jurídicamente de los mismos una vez construidos. La irresponsabilidad y vulgar ambición de los funcionarios panistas ha afectado no sólo la tranquilidad de los vecinos y la viabilidad urbana de Benito Juárez de manera indirecta, también lo ha hecho directamente a la infraestructura pública vital para el funcionamiento de toda la urbe, como el Metro de la Ciudad de México.

El 14 de marzo de 2024, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo denunciaron un convoy cubierto de cemento tras recorrer el tramo entre las estaciones Eje Central y Parque de los Venados. La causa, obras de un desarrollo inmobiliario, Residencial Novus, plagado de irregularidades administrativas, por decirlo suavemente; entre las que destacan la realización de excavaciones sin contar con la Licencia Especial para Excavaciones y solamente contar con una Licencia de Demolición expirada. Dichas excavaciones perforaron el túnel de la línea 12 del STC, provocando la filtración de cemento y materiales de construcción sobre trenes y vías. La obra, que afortunadamente ya fue suspendida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dada su condición de “riesgo inminente”, es apenas la punta del iceberg de una trama de corrupción institucional, descomposición política y ambición vulgar de una pequeña camarilla de funcionarios inescrupulosos cuyo único mérito fue apoderarse del padrón de militantes del PAN.

Su exalcalde, un endeble personaje que presume logros con sombrero ajeno, como la mejoría en la seguridad de la Ciudad de México y, sin embargo, es incapaz de asumir su culpa como máximo responsable de la autorización e inspección de obras en la alcaldía Benito Juárez, instancia pública encargada de autorizar las construcciones en la demarcación, de acuerdo con la normativa vigente, es decir, la Ley Orgánica de las Alcaldías y la Ley de Desarrollo Urbano.