Los sismos afloran la desarticulación y efectos de la regulación y descontrol de la expansión urbana y habitacional en el país

Por Rodolfo Flores Lara*

El 1º de octubre se celebró el Día Nacional del Arquitecto, artífice fundamental en la concepción de la vivienda digna y el desarrollo urbano sustentable equilibrado en convivencia de la comunidad y, a su vez, el 31 de octubre próximo, es el Día Mundial de las Ciudades: “El mundo necesita acciones ahora, y no sólo más palabras para lidiar con una emergencia climática que se agrava, conflictos crecientes, trastornos tecnológicos drásticos y una crisis global de costo de la vida, que está incrementando el hambre y la pobreza: ONU”.

El sistema de producción de vivienda social en México resulta contradictorio y sus efectos para las autoridades de los gobiernos federal, estatal, municipal y alcaldías por la regulación y control de la expansión urbana y habitacional y por su contenido en las facultades y atribuciones, ya que derivan de las normas oficiales por las que se rigen al aplicarlas en los diferentes niveles institucionales.

El día 19 de septiembre fue aniversario del sismo de 2017 que afectó a cientos de familias al dañarse su patrimonio habitacional, al grado de abandonarlas por las graves afectaciones que sufrieron las construcciones y que, desde marzo de este año la Comisión para la Reconstrucción Habitacional de la CDMX transfirió sus funciones al Instituto de Vivienda (INVI) para hacerse cargo de la reconstrucción de 1,188 casas y 91 edificios que albergan 1,700 departamentos, quedando la Comisión para continuar a su cargo 5 mil viviendas que se terminarán en 2024.

La anterior realidad evidencia nuevamente, como en el Sismo de 1985, las contradicciones del Sistema de Producción Habitacional, ya que ha dejado la solución habitacional a la libre oferta, basándose ésta en la producción de vivienda urbana terminada y en propiedad, desarrollada por los promotores privados; lo que, ha generado impactos negativos a la calidad de la vivienda como crecimiento urbano habitacional desordenado.

Se ha provocado la construcción de millones de viviendas en las ciudades, con efectos negativos como: abandono de la vivienda rural, desatención a los procesos de producción social de vivienda, millones de viviendas desocupadas, recursos naturales depredados, crisis de empresas desarrolladoras, segmentación y atención desigual entre sectores, ciudades y regiones.

En los estudios de evaluaciones: falta de capacidades técnicas y administrativas o corrupción en los niveles de las alcaldías, para regular y controlar los procesos de expansión urbana descontrolada.

Las facultades de los municipios y alcaldías están condicionadas a la reserva y subordinación legislativa que establece la Constitución para no ir contra los textos legislativos, imponiendo normas que nulifican las capacidades municipales y alcaldías.

En los criterios federales hay inconsistencias en la producción de vivienda, como el uso del suelo para las ciudades, para los equipamientos comerciales y servicios, provocando viviendas no planeadas, con un impacto negativo del desarrollo urbano.

La Constitución determina que los municipios, en términos de leyes federales y estatales, dan diversos límites y condiciones a las facultados en: formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo municipal, autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, determinando la subordinación legislativa en materia de planeación del territorio urbano en los procesos de expansión ordenada de los centros de población.

Respecto a las facultades municipales y alcaldías relativas al ordenamiento ecológico y urbano del territorio, están impugnadas por las autoridades federales, que son las que autorizan el impacto ambiental.

Así, es posible afirmar que en las ciudades existentes, no se debe propiciar su crecimiento, sino fortalecerlas y desarrollarlas, mediante una planeación integral inmobiliaria sustentable, con un balance óptimo de todos los factores que inciden: económico, educativo, salud, social, trabajo, deportivo, por los tres órdenes de gobierno.

*Exvicepresidente del Colegio de Arquitectos.