El reto de legislar en tiempos de COVID-19
Tenemos queadecuar nuestro marco normativo, a fin de que las sesiones a distancia sean posibles
Guadalupe Chavira de la Rosa*
En el Congreso de la Ciudad de México enfrentamos, hoy, uno de los retos más grandes de su historia, ajustar nuestras leyes y reglamentos a fin de tener sesiones plenarias de manera virtual, con votación electrónica, que permitan legislar sobre los temas urgentes relacionados con la presencia de COVID-19 y los apoyos que requiera el Ejecutivo local.
Nosotros, como muchos sectores, debemos incorporar la tecnología a nuestro trabajo diario, pues de esta manera podemos cumplir con el servicio esencial que tenemos para la Ciudad y el país. Por desgracia, carecemos de la base jurídica, tanto constitucional, como legal y reglamentaria para desarrollar nuestro trabajo de forma remota.
De acuerdo con la declaratoria de emergencia emitida por el Presidente, el Poder Legislativo es tan importante como los mercados públicos y otros servicios esenciales, para ello tenemos que adecuar nuestro marco normativo, a fin de que las sesiones a distancia sean posibles, pero, sobre todo, tengan validez legal.
Hoy que ya nos encontramos en la fase 3 de la pandemia debemos actuar de manera rápida, especialmente porque en mayo concluye el segundo periodo ordinario del segundo año de esta legislatura.
Lo que necesitamos es que la Junta de Coordinación Política llame a sesión para hacer los cambios que nos permitan sesionar de manera virtual y a distancia, tanto en el pleno, como en reuniones de comisiones. Asimismo, se tendría que instalar la Diputación Permanente por causas de crisis sanitaria.
De esta manera, sólo se tendría que llamar a sesión presencial una vez para modificar las leyes que nos permitan sesionar virtualmente, porque, como dijo un miembro del Parlamento Europeo hace unos días “el Parlamento es el hospital de la democracia”, una tarea que debemos cumplir en esta etapa histórica que estamos viviendo.
Dicen que el Congreso no es el recinto de Donceles y Allende, sino los 66 diputados que integramos el pleno, y tienen razón, por eso es importante modificar los ordenamientos que nos permitan sesiones del pleno, que los diputados sigan presentando sus iniciativa, que dictaminemos las leyes trascendentes para la ciudad e, incluso, que se cite a reuniones de trabajo con funcionarios.
Si lo hacemos nos sumaremos a la experiencia de otros congresos locales como el de Tlaxcala, o de países en Europa y América Latina los cuales —de acuerdo con el documento Asuntos Globales, elaborado por el gobierno de Canadá y actualizado al 24 de marzo— ya realizan sesiones virtuales con plena validez. En Canadá, Reino Unido y una localidad de Australia, señala el documento, se realizan sesiones presenciales con el número necesario de diputados para alcanzar el quórum, asegurando la representación de todos los partidos y donde se analizan propuestas y estrategias para aprobar medidas de emergencia relacionadas con la crisis sanitaria.
Otro ejemplo que podemos seguir es el de la Asamblea Nacional de Ecuador, la cual aprobó el Reglamento para la realización de sesiones virtuales y teletrabajo emergente, ca-
pacitó a los secretarios técnicos de las comisiones para el uso de sistemas de videoconferencias y moderación de sesiones virtuales, con votación remota, sistema que también utilizan en Paraguay y Brasil.
A la vanguardia de este tema, tenemos al Senado de España que desde 2013 implementó el voto virtual para cuando un legislador no pueda asistir personalmente al pleno.
Tal vez, como dice Ricardo Álvarez Arredondo, esta crisis “sea la ocasión para ir construyendo una mecánica más ágil para las cámaras y el Congreso en General, para dejar de lado el fasto que representa las sesiones plenarias dos días por semana”, y en su lugar debamos dar mayor fuerza a las comisiones y abrir el pleno sólo a la votación de dictámenes sustantivos y comparecencias de los funcionarios del Ejecutivo.
Como dice el maestro Álvarez en su texto El Poder Legislativo después del coronavirus, hoy “tenemos que tener respuestas institucionales, jurídicamente robustas para hacer frente a la dinámica social que tardará tiempo en restablecerse en lo que tendrá que ser una nueva normalidad”.
