Franeleros

En una sociedad desigual, las oportunidades muchas veces se encuentran en la ilegalidad.

De la misma forma en que el delito florece en un entorno de impunidad, falta de confianza social, poca denuncia y corrupción, las actividades irregulares también prosperan ante los vacíos que deja la autoridad.

En el país tenemos varios ejemplos: comunidades enteras que han desarrollado un negocio con el robo de combustible, el saqueo de contenedores o pueblos de pescadores que generan su modo de vida traficando el buche de la Totoaba.

Aquí, el botón de muestra es el de estos personajes que todos conocemos y a los que la mayoría acudimos para estacionar nuestros vehículos.

Es difícil encontrar una zona de la ciudad en la que no se encuentren. Si hay un lugar libre, es posible que también exista una cubeta, un huacal o una piedra que lo bloquea desde temprano.

En sitios de oficinas, alrededor de hospitales o en puntos de diversión, son un “servicio” garantizado. Son los llamados franeleros.

En un inicio se trataba de personas de confianza de los vecinos o de los mismos porteros de los edificios que buscaban un ingreso adicional.

Pero en una metrópoli con exceso de vehículos y el mismo espacio en las calles, el “servicio” creó una buena oportunidad de negocio y la presencia del profesional del apartado.

Así, esta actividad pronto se transformó en una empresa irregular muy bien organizada, donde ya no es opcional el “servicio”, sino obligatorio y con tarifa fija, a riesgo de recibir amenazas, intimidación y dañar de alguna forma el vehículo.

Ante las quejas de vecinos, comensales y automovilistas, tomamos la decisión en el Consejo Ciudadano no sólo de ayudar con la denuncia en contra de ellos, sino estudiar la forma en la que trabajan.

Tan sólo en lo que conocemos como las colonias Roma y Condesa fueron identificados más de 300 franeleros e incluso en ciertas calles hay familias completas administrando el espacio que se supone es de todos.

Al ser una falta administrativa y a pesar de la denuncia y la coordinación diaria con la policía capitalina, el franelero promedio llega ante el juez cívico, paga una multa y regresa a vivir de las banquetas. En conjunto, se han puesto a disposición de los jueces hasta 90 de ellos en un mes.

Lo anterior provoca que en el sitio de “trabajo” se consuman desde bebidas alcohólicas hasta que se cometan actos de extorsión directa en contra de los parroquianos que buscan divertirse el fin de semana en estas dos colonias y en muchos otros puntos de la ciudad.

El 85 por ciento de los franeleros son varones y en edad productiva, pero con escasas oportunidades de desarrollo dentro de la legalidad y esta actividad puede darles los ingresos para ellos y sus familias.

Por ello, si queremos que estos negocios “cuadra por cuadra” dejen de serlo, la tarea es responsabilidad tanto de las autoridades como de la sociedad.

Hasta el momento, la solución ha sido la denuncia, la colaboración con buenos policías y el apoyo de restaurantes, hoteles y edificios de oficinas que les complica seguir operando.

Pero es momento de analizar jurídicamente cómo debemos considerar a estas actividades y dejar claro en las leyes qué se puede y qué no cuando nos referimos al espacio público.

Es un dilema que entrelaza la movilidad, la seguridad, el desarrollo social, el impulso a la actividad económica y, muy importante, la tolerancia social que tenemos hacia ciertos actos que con el tiempo se vuelven en contra de nosotros mismos como ciudadanos.

                Twitter: @LuisWertman