El tiempo dirá

Por Sonia Morales

La creación de la Secretaría de Cultura a nivel federal colma los deseos de un sector de la comunidad intelectual y artística, aunque, al mismo tiempo, despierta la oposición de quienes, por décadas, han considerado un desacierto su aparición.

La polémica por su creación tiene un camino largo. Por lo menos desde el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, cuando tuvo a bien declarar que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) era “un elefante blanco”. De inmediato se levantaron las voces de artistas e intelectuales apoyando al Ejecutivo o defendiendo al instituto creado por decreto presidencial el 31 de diciembre de 1946.

A partir de ese momento cada periodo de campañas presidenciales se llamó a consultas entre la comunidad para proponer opciones alternativas a la operación de las instituciones de cultura con que contaba y cuenta el país, encabezadas, en ese entonces, principalmente por el INBA (que había dejado la L de literatura, aunque en la práctica asumía y asume esa responsabilidad) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y todas las sedes de ambos en el país.

Las posturas se radicalizaron y con la llegada del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, éste vio la oportunidad de allegarse a un sector importante de la comunidad cultural-intelectual retomando una vieja propuesta del grupo encabezado por Octavio Paz: la creación de un consejo de cultura que derivó en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca). De esta forma acalló las suspicacias o protestas por la aparente ilegalidad de su ascensión al poder.

Sin embargo, este nuevo organismo, creado por decreto presidencial, quedó como un sombrero sobre los dos institutos de cultura del país y sin facultades legales sobre éstos. Pero eran los tiempos en que no se cuestionaban las decisiones presidenciales y tanto el INBA como el INAH se sujetaron a su nuevo titular sin apelar a la irregularidad jurídica que vivían sin dejar, por supuesto, de pertenecer a la Secretaría de Educación Pública, de la que dependieron desde su creación como organismos descentralizados.

Esta situación fue denunciada por intelectuales, como la crítica de arte Raquel Tibol (fallecida en febrero de 2015), quien, de manera incisiva, hacía recordar la ilegalidad del Conaculta, en foros o conferencias, cada vez que podía.

Con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República y el nombramiento de Sari Bermúdez como  presidenta de dicho consejo, se  vislumbró la posibilidad de que fuera remediado ese error jurídico.

El impulsor del Conaculta y el Fonca, Octavio Paz, había fallecido en abril de 1998, con lo que su grupo de intelectuales ya no poseía la misma influencia que había tenido con los titulares del Ejecutivo. Aunque la polémica de si debía o no salir del sector controlado por la SEP, continuaba y ni en el sexenio del primer panista, Vicente Fox, ni en el de Felipe Calderón se atrevieron a remediar la situación legal de esos organismos públicos.

Durante el sexenio de Calderón se nombró como titular del Conaculta a Sergio Vela, director y diseñador de ópera, promotor artístico y académico, quien estuvo al frente del consejo los primeros tres años de ese gobierno. Consuelo Sáizar, quien dirigía el Fondo de Cultura Económica (FCE), lo sucedió en el cargo y terminó el sexenio.

De hecho, se estaba cocinando la opción de desaparecer el consejo y volver al esquema anterior: operar solamente con los institutos o crear una Secretaría de Cultura, como lo confesó en una entrevista periodística el entonces presidente de la Sociedad General de  Escritores de México (SOGEM), Víctor Hugo Rascón Banda, quien falleció en julio de 2008. Las cosas quedaron latentes y sin cambios.

Con el regreso del PRI a la Presidencia de la República, Rafael Tovar y de Teresa reasumió el cargo que ya había ejercido de 1992 a 2000. De una manera inesperada —aparentemente—, Enrique Peña Nieto anunció, en su Tercer Informe de Gobierno, su decisión de mandar al Congreso de la Unión la iniciativa para la creación de tan polémica secretaría.

Las opiniones en contra no se hicieron esperar. Los alegatos de que esa decisión no se había consensuado con el medio artístico e intelectual fueron tema en columnas periodísticas. Parecía una propuesta sin antecedentes, nueva, que nadie esperaba ni quería.  Lo cierto es que su polémica creación ha consumido litros y litros de tinta en favor y en contra. A partir del 21 de diciembre de 2015, Rafael Tovar y de Teresa es el primer secretario de Cultura a nivel federal en México. Esta decisión permitirá a los institutos de Bellas Artes y de Antropología e Historia operar con la independencia que les concede la ley que los crea, esquema parecido, no igual, al de las universidades públicas de todo el país, que están sectorizadas en la SEP, pero operan de manera autónoma.

El tiempo dirá si este nuevo esquema beneficia o perjudica al sector artístico e intelectual de nuestro país.

Sonia Morales es periodista y profesora en la UNAM