Por Luis de la Fuente*
México enfrenta una coyuntura clave. En un entorno global de replanteamiento económico y ajustes geopolíticos, la infraestructura vuelve a colocarse como uno de los pilares estratégicos para sostener el crecimiento, atraer inversión productiva y fortalecer la competitividad del país. La discusión ya no gira únicamente en torno a la necesidad de invertir, sino a la capacidad de hacerlo con enfoque, disciplina y visión de largo plazo.
Es cierto: durante años, la infraestructura fue sinónimo de potencial. Sin embargo, el contexto actual empieza a marcar una diferencia. La continuidad de planes estratégicos, como el Plan México, junto con cambios regulatorios relevantes —en particular en el sector energético—, están comenzando a crear las condiciones necesarias para que los proyectos avancen de la planeación a la ejecución.
El sector energético ilustra bien este punto. La modernización y expansión de la infraestructura de transmisión y distribución eléctrica se ha convertido en un habilitador indispensable para el crecimiento industrial, la relocalización de cadenas productivas y el desarrollo regional. A ello se suma el avance de las energías limpias, la generación distribuida y la infraestructura asociada a la movilidad eléctrica, que hoy representan oportunidades concretas de inversión más que aspiraciones de largo plazo.
El impacto de estas inversiones va más allá del propio sector. Cada proyecto energético exitoso tiene un efecto multiplicador: fortalece cadenas de suministro, incrementa la productividad regional y mejora la certidumbre para nuevas inversiones en manufactura, servicios y logística. En un entorno global altamente competitivo, contar con infraestructura confiable deja de ser una ventaja y se convierte en la condición mínima para competir.
Una dinámica similar comienza a observarse en otros sectores estratégicos. En el agroalimentario, el crecimiento se orienta cada vez más hacia la integración eficiente de cadenas de valor, donde la infraestructura, la logística y el acceso a financiamiento son determinantes para escalar producción y acceder a nuevos mercados. En el sector inmobiliario, los proyectos evolucionan hacia modelos más integrales, que incorporan sostenibilidad, conectividad y viabilidad financiera como elementos centrales.
En este proceso, el financiamiento juega un papel decisivo. La mayor participación del capital privado y de instituciones financieras, a través de esquemas de financiamiento estructurado, han permitido que los proyectos se desarrollen con mayor certidumbre. La infraestructura empieza así a construirse desde una lógica de corresponsabilidad, donde inversión pública y privada convergen para generar un verdadero impacto económico y social.
En síntesis, todo apunta al inicio de un nuevo ciclo de inversión en infraestructura, una reactivación que no será generalizada, sino selectiva y estratégica. El reto no es invertir más, sino invertir mejor: dirigir los recursos hacia proyectos que generen valor sostenible, eleven la productividad y fortalezcan la rentabilidad económica y social.
Más que un punto de llegada, este momento representa un punto de partida. La infraestructura comienza a dejar de ser un discurso recurrente para consolidarse como una herramienta concreta de desarrollo. Aprovechar esta coyuntura exigirá visión estratégica, marcos regulatorios claros y una ejecución impecable. De ello dependerá que México no sólo recupere el crecimiento, sino que además fortalezca su capacidad de competir en el largo plazo.
*Director general adjunto de Multiva