Tlahuelilpan: ni mezquindad ni desmemoria

La tragedia que sucedió en Tlahuelilpan, Hidalgo, el pasado viernes 18 de enero es un lamentable hecho que exige altura de miras y responsabilidad, que no admite mezquindades políticas ni pretensiones de usufructo político, es un hecho que tampoco puede terminar en la desmemoria o en la impunidad.

La pérdida de vidas humanas en este trágico evento, que hasta el día de ayer alcanzaban las 93, es un recordatorio para el gobierno y para todos lo demás poderes públicos de la enorme complejidad que está detrás del robo de combustible. Se trata de un problema sistémico vinculado al crimen organizado y a amplias redes de corrupción, y se trata también, como lo ha dicho el analista Alejandro Hope, de un problema de seguridad humana que afecta directa y gravemente a las comunidades en las que se presenta.

Por ello, la estrategia de combate a este fenómeno debe ser integral, consistente y transparente. Seguimos lamentando la falta de respuestas y explicaciones en torno a la política de combate al robo de combustibles emprendida por el gobierno federal y en torno a la crisis de desabasto de gasolina que todavía padecen diversas regiones del país.

Sobre la tragedia de Tlahuelilpan, debemos advertir dos potenciales peligros: la mezquindad de quienes buscan aprovechar la coyuntura para obtener ventajas políticas y la falta de rendición de cuentas de parte de quienes toman decisiones.

Respecto al primer peligro, es de lamentarse que algunas voces en Morena aprovechen este momento para insistir en imponer su agenda de populismo penal. Ha dicho que “urge hacer delito grave el robo de combustible” para justificar la reforma constitucional en materia de prisión preventiva, una reforma innecesaria y profundamente regresiva. Además, el robo de combustible ya es un delito grave que amerita prisión preventiva, así lo sostienen la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Lo que se necesita es que las instancias de procuración de justicia hagan uso de los instrumentos jurídicos para combatir el robo de combustibles y para sancionar a las cabezas de estos grupos delictivos; no es momento de ocurrencias y demagogia legislativa, sino de cumplir con los instrumentos que ya otorga la ley. No podemos aceptar que la tragedia se use como vehículo para imponer reformas violatorias de derechos humanos.

El segundo peligro, la potencial falta de rendición de cuenta sobre estos trágicos acontecimientos resulta inaceptable. El gobierno federal le debe a los mexicanos una amplia explicación sobre toda su estrategia de combate al robo de combustibles, pero ahora, sobre el lamentable suceso de Tlahuelilpan, la respuesta debe ser contundente, porque los momentos de crisis exigen que se haga política extraordinaria, exigen respuestas institucionales excepcionales. 

Por ello, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hemos propuesto que se convoque a la creación de una Comisión Independiente de Investigación sobre los hechos de Tlahuelilpan, y que dicha Comisión cuente con participación y acompañamiento de expertos internacionales. Esta propuesta busca esclarecer los hechos y conocer la verdad sobre la tragedia, así como que se emitan las recomendaciones necesarias para deslindar responsabilidades, para la reparación integral de las víctimas y, sobre todo, para garantizar que nunca se repitan hechos similares.

Hacemos votos para que exista altura de miras, seriedad y responsabilidad para que las vidas de los mexicanos no sean nunca más “daños colaterales”.

                Senador por Jalisco y Coordinador

                Nacional de Movimiento Ciudadano.