Playeras de futbol y campañas: entre lo absurdo y lo mezquino

Cuando creíamos que en la democracia mexicana habíamos visto todo, nos topamos con una historia de lo absurdo y lo mezquino: la impugnación a la victoria electoral de Samuel García e Indira Kempis por las senadurías de mayoría relativa de Nuevo León.

La histórica victoria de estos candidatos, quienes, abanderados por Movimiento Ciudadano, rompieron con el bipartidismo imperante en esa entidad y contuvieron la ola morenista, hoy se encuentra en entredicho porque, a decir de los denunciantes, el uso de camisas personalizadas de la Selección Mexicana o del equipo Tigres implica la exposición de “patrocinios” no contabilizados y la “apropiación” de marcas.

Esta denuncia es, por un lado, absurda, ya que no se puede hablar de un uso indebido de marcas cuando éstas no son ni el objeto ni el contenido de la campaña electoral del candidato, y cuando no existe un contrato de por medio.

Pero, por otro lado, en esta denuncia hay una profunda mezquindad que tenemos que advertir para no descarrilar la democracia mexicana. El valor fundamental de la democracia es garantizar el derecho a votar y ser votado, y por estos candidatos votaron más de 500 mil ciudadanos de Nuevo León, a quienes se les pretende atropellar su derecho por un supuesto uso indebido de marcas.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha solicitado al Instituto Nacional Electoral que contabilice el costo de estas playeras y estime el “beneficio” que obtuvieron estos candidatos por el uso de las mencionadas playeras que, dicho sea de paso, también usaron el Presidente electo, el candidato presidencial del PRI y un sinnúmero de candidatos en todo el país. Preguntarse cuál es el “beneficio” electoral por el uso de estas playeras es caer en una discusión bizantina y perder de vista lo verdaderamente importante de un proceso democrático: el voto libre de los ciudadanos. Preguntarse sobre este “beneficio” también implica seguir pensando que el electorado mexicano es menor de edad y tenemos que protegerlo y orientarlo sobre las acciones de campaña de los candidatos.

El bien jurídico que deben tutelar las instituciones democráticas es el voto de los ciudadanos. Perder de vista este principio y caer en sobrerregulaciones o en la búsqueda de recovecos legales para modificar un resultado electoral pondría en un grave riesgo a nuestra democracia. Por ello, confío en que el INE tomará las decisiones correctas y respetará la voluntad popular de los ciudadanos de Nuevo León.

Posdata: este fin de semana estuve en Chicago con la comunidad migrante dialogando en el foro Agenda Migrante en Movimiento. Seguimos impulsando una importante ruta de trabajo para defender y empoderar a los migrantes mexicanos desde el Poder Legislativo.

                *Senador electo por Movimiento Ciudadano en Jalisco.